Las autoridades orteguistas de la inventada Universidad Nacional Casimiro Sotelo, que operará en los edificios robados a la Universidad Centroamericana (UCA), anunciaron este viernes, 18 de agosto, que reiniciará las actividades académicas del segundo semestre de 2023 el próximo 28 de agosto. Para ello, están llamando a los estudiantes de la UCA a realizar sus matrículas.
El secretario general impuesto, Moisés Ignacio Palacios, informó en un comunicado de prensa que, «en correspondencia con el aseguramiento de la continuidad educativa», convocan a los alumnos, que estaban estudiando en la UCA, para que entre el 22 y 27 de agosto «realicen sus matrículas del segundo semestre del actual año lectivo».
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De igual manera, el funcionario comunicó que las clases en la Casimiro Sotelo darán inicio el próximo lunes, 28 de agosto, «por lo que se les hace el llamado a todos los estudiantes a integrarse a los procesos educativos».
La Universidad Centroamericana (UCA) amaneció sin las grandes letras que conformaban su nombre en la entrada principal de las instalaciones robadas por la dictadura de Nicaragua. La noche anterior, el 17 de agosto, como ladrones amparándose en la oscuridad, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron a trabajadores a desmontar una a una esas letras y hoy, desde muy temprano, varios obreros empezaron a instalar el nuevo nombre.
Los dictadores Ortega y Murillo no disimularon su odio contra la casa de estudios fundada por los jesuitas. El proceso de acusación, confiscación y sustitución fue en menos de 72 horas, todo un plan preconcebido.
Desde esta mañana, ya no se leerá «Universidad Centroamericana», como apareció por 60 años, sino «Universidad Nacional Casimiro Sotelo».Pasadas las ocho de la noche del jueves, una cuadrilla de trabajadores, escalera en manos, se presentó al recinto de la universidad confiscada para proceder a desinstalar las letras que por décadas identificó a esa casa de estudios superiores.
El Ministerio de Gobernación (Migob), oficializó este viernes, 18 de agosto, la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA). De esta manera, el régimen concreta la confiscación de facto a la casa de estudios.
Mediante el acuerdo ministerial 104-2023, publicado en La Gaceta, el Migob señaló que la UCA de incumplir con sus obligaciones conforme Ley, «al no reportar estados financieros de los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022, con el desglose de ingresos, egresos, detalles de donaciones y junta directiva vencida desde el 18 de marzo de 2022, violentando lo establecido en la Ley».
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Gobernación también acusó a la asociación de obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL) y de no promover políticas de transparencia en la administración de fondos.
Además, subrayó desconocer si la UCA ejecutaba los proyectos y si estos estaban alineados con los objetivos y fines con los cuales se registraron como una OSFL.