Fondo Verde retiene millonario desembolso al gobierno de Daniel Ortega

La junta directiva del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) informó que ha decidido mantener congelado el desembolso por 116.6 millones de dólares destinados para el Proyecto Bio-CLIMA en Nicaragua. De acuerdo con el organismo, esta medida permanecerá en vigor hasta que el gobierno de Daniel Ortega cumpla con todas las políticas y procedimientos establecidos por la Secretaría del Fondo.

El objetivo de este proyecto ambiental, según el régimen orteguista, es reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en la reserva natural de Bosawás y la biósfera de Río San Juan; sin embargo, los pueblos indígenas lo consideran una amenaza para sus tierras, las cuales han sido atacadas por colonos.

La decisión de la Junta del Fondo Verde se efectuó el pasado 13 de julio, durante la trigésima sexta reunión. Además, esta medida se adoptó después de que la instancia internacional analizó detenidamente el informe presentado por el Mecanismo Independiente de Reparación (MIR) que, en 2021, recibió una queja contra el proyecto y, tras evaluar la denuncia, recomendó dar respuesta a los indígenas y afrodescendientes.

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En un comunicado, el organismo ambiental señaló que es de su conocimiento las medidas adoptadas por la Secretaría del Fondo, «en virtud de los acuerdos legales pertinentes con la entidad acreditada (el Banco Centroamericano de Integración Económica) para abordar los casos en los que la Secretaría determinó que el desarrollo de la propuesta de financiación para FP146 no cumplía con las políticas y procedimientos» del Fondo Verde.

También, respaldó plenamente a la Secretaría en la posibilidad «de ejercer los derechos» del FVC si el incumplimiento de las políticas no es resuelto de manera satisfactoria. Esto implica que la Secretaría posee la autoridad para tomar medidas más drásticas, como la suspensión definitiva del proyecto Bio-CLIMA, en caso de que las condiciones y políticas exigidas no se cumplan.

Asimismo, solicitó a la Secretaría que no revise el marco de monitoreo proporcionado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la administración orteguista, hasta que la entidad regional financiera «haya abordado los casos de incumplimiento de la política a satisfacción de la Secretaría de manera consistente con los acuerdos legales pertinentes».

«La Junta se ha asegurado de que el GCF no realice desembolsos con respecto a este proyecto hasta que se haya abordado satisfactoriamente todo el incumplimiento de la política pertinente», apuntó.

Para que el régimen orteguista pueda acceder a los fondos del proyecto debe cumplir con tres condiciones fundamentales: la realización de una consulta libre, previa e informada con las comunidades afectadas, la designación de un tercero independiente para supervisar las acciones del proyecto y, por último, garantizar la transparencia en el uso de los recursos asignados.

En ese sentido, hasta el momento se desconoce el plazo específico que se le dará al gobierno de Ortega para cumplir con las políticas establecidas por el Fondo Verde. Sin embargo, en los próximos días, la instancia internacional ambiental divulgará las decisiones finales adoptadas con respecto a Nicaragua.

Por su parte, activistas, ambientalistas y líderes opositores nicaragüenses han denunciado que el gobierno de Daniel Ortega podría utilizar los recursos de este proyecto ambiental para «oxigenarse» financieramente, lo cual «no favorecerá a las comunidades indígenas», sino que las perjudicará al ponerlas «en manos de los Ortega-Murillo».

Agregan, que de llegar los fondos a manos de la dictadura orteguista «serán utilizados para dar continuidad a las constantes violaciones de derechos humanos en los territorios indígenas de la Costa Caribe del país».