Confiscaciones en Nicaragua son ejecutadas por un «grupo mafioso» que se ha apoderado del Estado, dice economista

El Gobierno que preside el dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicedictadora Rosario Murillo, es en realidad un «grupo mafioso» que se ha apoderado del Estado y es quién ejecuta las confiscaciones en Nicaragua, afirma en una entrevista con Artículo 66 el economista y analista político en el exilio Enrique Sáenz.

El pasado 23 de junio, mientras Nicaragua celebraba el Día del Padre, la dictadura Ortega-Murillo ordenó a su Procuraduría General y a su Policía ejecutar el allanamiento y confiscación de varias propiedades inscritas a nombre del empresario Piero Coen Ubilla y de su esposa, de nacionalidad estadounidense Jaffa Snow Felber de Coen, lo que para varios analistas es el peor mensaje que podía haber mandado Ortega a la inversión extranjera.

Según Sáenz, la confiscación de las propiedades del empresario solo se puede analizar a partir de la premisa de que «en Nicaragua se ha instalado lo que en el ambiente académico internacional se conoce como un Estado mafioso».

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Para el analista, el régimen que ha impuesto Ortega en Nicaragua cumple con todos los requisitos de lo que es un Estado mafioso: «Un grupo político mafioso que se apropia y utiliza la totalidad de las instituciones públicas incluyendo los órganos coercitivos como el Ejército y la Policía para acumular riquezas y asegurarse impunidad».

«Eso es lo que tenemos en Nicaragua, un grupo mafioso en el poder, impune, que acumula riquezas colosales», señaló el economista exiliado, quien además considera que ya hay más de 300 nicaragüenses «despojados de sus bienes» y esta vez Ortega se lanzó contra uno de los representantes del gran capital nacional.

El analista afirma que las últimas acciones del régimen de Ortega y Murillo dan muestras que están actuando al mejor estilo de las mafias sicilianas representadas por el personaje Vito Corleone quien acostumbraba a hacer «ofertas que no se pueden rechazar» y así la dictadura estaría tratando de chantajear a los empresarios para convertirlos en sus socios o aliados y precisamente, según Sáenz, la confiscación contra Coen es un mensaje al resto de empresarios.

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El análisis del economista apunta que los Ortega-Murillo, actuando como grupo mafioso, tienen instalado en Nicaragua un conjunto de mecanismos para acumular riquezas de manera fraudulenta, abierta o encubierta, tales como participación en el negocio en las minas (de oro), en la electricidad, la participación en el negocio del combustible. «Todo eso les permite acumular todos los días millones de dólares constantes y sonantes, no son bonos, no son inversiones complicadas, es dinero contante y sonante», explica.

Sostiene que, esas millonarias ganancias de Ortega, su familia y sus cómplices están buscando cómo asegurarlas en el exterior, en países de Europa del Este, en Irán, donde pretenden disponer de plazas seguras «para colocar millones de dólares mal habidos».

Asimismo, el economista advierte que las confiscaciones apuntan a un peligroso regreso a los años 80, cuando la dictadura sandinista, en su primera etapa, confiscó miles de propiedades que hasta el día de hoy siguen siendo pagadas por los nicaragüenses, además, que las nuevas confiscaciones resultarán siendo una puñalada mortal para la economía nacional.