Organizaciones opositoras agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) le insisten al Gobierno de Estados Unidos que aplique, de una vez, medidas de presión, incluyendo sanciones que abarquen al Ejército de Nicaragua a través de la Ley Renacer.
Las organizaciones hacen un llamado a la comunidad internacional a emprender acciones «decisivas con respecto a la situación de Nicaragua», pues considera que la dictadura solo responde ante una presión internacional activa.
En un comunicado hecho público este miércoles, 7 de junio, proponen al gobierno del presidente estadunidense, Joe Biden, que, en consonancia con la Ley Renacer procedan a investigar, localizar y congelar en EE.UU. y países aliados, todos los bienes y activos que de alguna manera están relacionados con la familia Ortega-Murillo y sus colaboradores, e incluir al Ejército de Nicaragua en ese paquete de medidas.
Colaborar para aplicación de la Renacer
Enrique Martínez, vocero de PUDE, dijo a Artículo 66 que desde esa plataforma opositora, están encaminando acciones para contribuir a la aplicación de la Ley Renacer. Con ese fin están trabajando en un «mapeo» para localizar actores que se han convertido en «pilares que sostienen a la dictadura, con especial énfasis al Ejército de Nicaragua».
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Martínez adelantó que identificarán a «testaferros que se prestan a colaborar con la dictadura en negocios turbios y que benefician a la familia dictatorial». Esa información recabada será puesta a disposición del Gobierno de EE.UU. «Trataremos de dar (a EE.UU.) ciertos insumos para que apliquen la Ley Renacer y darle al régimen golpes certeros», señaló el vocero de PUDE.
Asimismo, para las organizaciones opositoras, el gobierno norteamericano debe conocer quiénes son y pedir cuentas a todos los países que forman parte de instituciones financieras internacionales y han votado en favor de que se le otorgue financiamiento a la dictadura.
En ese sentido, PUDE menciona directamente a Colombia, Costa Rica, México, Panamá, España, Coreo del Sur y Taiwán, estados que son socios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución que se ha convertido, a partir de la crisis social del 2018, en el principal sostén financiero de la administración de Daniel Ortega.
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El exdirector por Costa Rica ante el BCIE, el economista Otón Solís, dijo recientemente a Artículo 66 que es muy poco probable que uno de los países socios fundadores, que son los estados centroamericanos, que poseen la mayoría de las acciones del banco, se opongo alguna vez a un préstamo para Nicaragua y la razón es sencilla, según Solís: Ortega les recetaría la misma dosis.
Finalmente proponen que se inicie una auditoria sobre los préstamos que organismos internacionales han concedido al Gobierno de Ortega, para constatar que estén siendo destinados para inversión social y que no se están bonificando de ellos las empresas relacionadas con la familia dictatorial.