Brooklyn Rivera regresa a Nicaragua pese a prohibición de Ortega

Un diputado indígena nicaragüense aseguró el viernes que ingresó a Nicaragua desde Honduras y por la región de Mosquitia, que ambos países comparten, después que las autoridades dijeron que no podía regresar al país tras participar en una reunión en la ONU.

Brooklyn Rivera, de la organización misquita Yátama, afirmó que participó en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en Nueva York, durante la segunda mitad de abril, y que al intentar devolver encontró un «impedimento migratorio» de las autoridades nicaragüenses, según un video publicado en redes sociales por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.

Rivera, un ex aliado del partido sandinista del presidente Daniel Ortega, agregó que antes de viajar a la reunión de la ONU había obtenido permisos del legislativo y el gobierno, pese a lo cual encontró la restricción de retorno.

«Había una orden de impedimento migratorio de viajar a través de la línea aérea y yo tuve que buscar otras opciones de cómo regresar al país», agregó Rivera.

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Sostuvo que ingresó por la Mosquitia desde Honduras amparado en resoluciones de la ONU y organismos internacionales que consideran que no hay fronteras entre pueblos indígenas limítrofes de dos países.

Rivera es el único representante de la formación indígena Yátama en la Asamblea Nacional, y entre 2006 y 2012 fue aliado del gobernante Frente Sandinista.

Rivera, que resultó electo diputado en las dos últimas elecciones, en 2016 y 2021, dijo que en el Foro de la ONU no declaró en contra del gobierno. «No temo a nada que implique responsabilidades» políticas o judiciales, agregó.

Organismos internacionales han denunciado al gobierno de Ortega por sus medidas contra opositores, entre las que se encuentran expulsiones del país, despojar de su nacionalidad a líderes, impedir el ingreso de críticos y proscribir millas de organizaciones privadas y religiosas.

Como respuesta, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones al gobierno.

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Nicaragua aguantó sus leyes y controles sobre opositores tras las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido posteriormente en elecciones cuestionadas por la oposición.

Las protestas de 2018 se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua, con bloqueos de carreteras, así como choques entre manifestantes opositores y oficialistas que abandonaron más de 300 muertos, según la ONU.

El gobierno perdió las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras que los organismos internacionales acusaron al Ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición.