La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Poder Judicial, ordenó arrebatar la nacionalidad nicaragüense a 94 personas. Entre los nuevos «apátridas» están periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, exfuncionarios del régimen y opositores.
Según una resolución leída por el juez Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, los nicaragüenses fueron declarados «traidores de la patria» y por eso perdieron la ciudadanía, amparado en la Ley 1145, la ley que reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
«… ténganse a los acusados como traidores a la Patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente», señala el Resuelve I de la resolución.
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La dictadura también ordenó la confiscación de «todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participen como socios, para responder por los delitos cometidos».
Los nuevos «apátridas»
Entre los nuevos afectados por las leyes represivas de la dictadura está la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Arturo McFields, el exembajador de Nicaragua ante la OEA; Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial; Rafael Solís, exmagistrado y padrino de bodas de Ortega y Murillo.
Los religiosos no se salvaron de este nuevo arrebato de la nacionalidad nicaragüense, en la lista oficial está monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua; el padre Uriel Vallejos, sacerdote exiliado de la Diócesis de Matagalpa y acusado en el mismo caso de monseñor Álvarez; Erick Díaz, sacerdote exiliado en Estados Unidos; Harving Padilla, exsacerdote de la Iglesia San Juan Bautista, de Masaya; y el sacerdote Edwin Román, exparroco de la Iglesia San Miguel Arcángel, de la misma ciudad, ahora exiliado en Miami.
En la lista también figuran los periodistas Wilfredo Miranda Aburto, cofundador de Divergentes; David Quintana, director de Boletín Ecológico; Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial; Luis Galeano, director de Café con Voz; Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga; Patricia Orozco, directora de Agenda Propia; Lucía Pineda, directora de 100% Noticias; Aníbal Toruño, de la cancelada Radio Darío y Álvaro Navarro, director de Artículo 66.
Igualmente fueron expatriados los escritores galardonados Sergio Ramírez y Gioconda Belli, actualmente exiliados en España. También le arrebatan la nacionalidad al periodista Camilo de Castro Belli, hijo de la poeta Belli.
También las exdiputadas expulsadas de la Asamblea Nacional del Movimiento Renovador Sandinista: Edipcia Dubón y Silvia Nadine Gutiérrez Pinto. Ambas exiliadas en Costa Rica. Gutiérrez es hija de la excarcelada política y desterrada Evelyn Pinto.
Los defensores de derechos humanos Gonzalo Carrión del Colectivo Nicaragua Nunca Más exiliado en Costa Rica; Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de Calidh; Pablo Cuevas, exintegrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), exiliado en Estados Unidos.
La lista la continúan los opositores en el exilio Haydée Castillo, Mónica Baltodano Marcenaro, Mónica López Baltodano, Julio López Campos, Francisca Ramírez, Amaru Ruíz, Alexa Zamora y Moisés Hassan.
Estas 94 personas se suman a los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que han perdido la nacionalidad nicaragüense por órdenes de la dictadura de Ortega y Murillo.
Vamos nicaragüenses, ya es hora de sacar del poder al dúo decrépito; ya sea caminando o en sarcófagos