Estas son las noticias más importantes del ocho de febrero de 2023
El equipo multidisciplinario Urnas Abiertas constató que del año 2017 al 2021 el régimen de Daniel Ortega ejecutó un poco más de mil proyectos y más de 5 mil 400 obras de inversión pública financiados en un 60 % por organismos internacionales.
Sin embargo, indican que existen carencias de información sobre estos proyectos, especialmente de los de carácter municipal, los cuales son usados para hacer clientelismo y proselitismo político, a pesar de ser «pagadas por los nicaragüenses».
Para expertos, la estrategia del régimen es obtener fondos de aliados, es decir, acudir al endeudamiento externo «para subsidiar ese clientelismo del gobierno».
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Indican que este endeudamiento «es preocupante» porque «afecta al país a largo plazo», al ser una «decisión política» que favorece a la dictadura y castiga a futuros gobiernos que deberán de pagar esa deuda.
El principal patrocinador de Daniel Ortega es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), presidido por Dante Mossi, quien aumentó su apoyo económico al dictador de Nicaragua desde que la comunidad internacional comenzó a aislarlo tras la crisis sociopolítica de 2018.
Le sigue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, luego, el Banco Mundial, aunque redujo su flujo de recursos.
El colectivo feminista Grupo Venancia denunció la ocupación de sus instalaciones por parte del régimen Ortega-Murillo. La acción llegó después de ocho meses de la cancelación de su personalidad jurídica.
La organización señaló que, desde las 9 de la mañana del miércoles, llegaron «oficiales de Policía, antimotines, personal de la Procuraduría General de la República y civiles a tomarse por la fuerza las instalaciones» de manera arbitraria, como una muestra de la violencia estatal en contra de sus derechos.
La organización laboraba desde hace 31 años apoyando a jóvenes y adultos en zonas urbanas y rurales.
El eurodiputado Javier Nart, padrino de Dora María Téllez bajo la iniciativa Rompiendo Cadenas, apadrina un preso político, denunció que el objetivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es destruir a la exguerrillera sandinista. El parlamentario reclamó a la dictadura de Nicaragua las condiciones mínimas de reclusión.
La organización en defensa de las comunidades indígenas Prilaka Community Foundation denuncia que una comisión de delegados del régimen de Daniel Ortega acordó a puertas cerradas realizar pactos «ilícitos» con colonos, mismos que perjudican a los comunitarios de la Costa Caribe Norte.
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Mediante una denuncia pública, señalan que «se sabe que los promotores de arriendo convocaron a los colonos con el fin de negociar el derecho de posesión» de unas tierras que le pertenecen a la familia Müller, quienes son originarios de la comunidad caribeña y que ha sido invadida por colonos desde hace varios años de forma violenta.
Las comunidades indígenas reiteraron el llamado a las autoridades correspondientes a atender las múltiples demandas de la población indígena por la violación a sus derechos individuales, en especial el derecho a la propiedad colectiva.
El presidente de la Comisión de Las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), cardenal Jean- Claude Hollerich, exigió la inmediata liberación de monseñor Rolando Álvarez y demás detenidos arbitrariamente.
A través de una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera, los obispos de Europa expresaron su solidaridad y cercanía «por el difícil momento que atraviesa la Iglesia católica local debido a la persecución sistemática ejercida por las autoridades» del país.
Los miembros de la COMECE afirmaron que «están comprometidos en promover la libertad, la democracia y la justicia de Nicaragua a través de su diálogo regular con los representantes de las instituciones» del bloque europeo.
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