El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó el despojo ilegal de las instalaciones del Grupo Venancia por parte de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), acuerpados con agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP).
La mañana de este miércoles, ocho de febrero, el colectivo feminista habría denunciado la ocupación de sus instalaciones. La acción llegó después de ocho meses de la cancelación de su personalidad jurídica.
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Ante esta nueva acción por parte del gobierno de Nicaragua, el organismo recordó que al Grupo Venancia tenía más de 30 años promoviendo
los derechos de las mujeres y las niñas en Nicaragua, sin embargo «le fue cancelada su personalidad jurídica hace ocho meses».
Para los defensores de derechos humanos, el despojo de las instalaciones del colectivo feminista es parte de la persecución de régimen de Daniel Ortega «contra la sociedad civil organizada», ilegalizando hasta la fecha 3,188 organizaciones no gubernamentales.
«El Colectivo se solidariza y reconoce el trabajo del Grupo Venancia quienes en medio de ataques y la confiscación de sus bienes —prohibida por la Constitución Política de Nicaragua— han dicho que seguirán con su “compromiso por una patria libre de violencias en todas sus dimensiones”», manifestó el Colectivo de derechos humanos .
A su vez afirmaron «repudiar» y denunciar la persecución de la dictadura orteguista contra las defensoras de derechos humanos, así como las confiscaciones masivas a través de las cancelaciones de las personalidades jurídicas «de organizaciones de la sociedad civil que promueven derechos humanos y la democracia».
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La organización feminista laboraba desde hace 31 años en distintas zonas de Nicaragua apoyando en zonas urbanas y rurales, al igual que a poblaciones adultas y jóvenes.
Por su parte, el Grupo Venancia afirmó que aunque fueron despojados del local, siguen con su «compromiso con la defensa de los derechos humanos en toda su extensión, ni del ideal de una Nicaragua con justicia, libertad y democracia, donde trabajar por el bien común y defender derechos no sea delito».
De 2018 a la fecha, el régimen de Ortega a través de su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación ha aniquilado a más de tres mil organizaciones que se enfocaban en apoyar a las poblaciones más vulnerables en temas de salud, nutrición, educación, combate a la violencia, entre otras.
