Un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron estudiantes de un doctorado en filosofía del derecho, que impartió la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL), la casa de estudios que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mandó a cancelar la personalidad jurídica porque supuestamente no cuenta con una «oferta académica consistente en cuanto a sus elementos mínimos que deben de poseer los planes de estudio» que exigen la autoridades del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
Expertos en educación consultados por Artículo 66 criticaron la aniquilación de esta universidad y aseguraron que esta acción de la dictadura es parte del «desmantelamiento del tejido» en materia de educación, salud, desarrollo comunitario y en todos los aspectos de la vida social del país. Además, explican que esta cancelación demuestra una falta de comunicación entre las instituciones del Estado que mantenían un convenio con la UNIVAL para impartir procesos académicos a los funcionarios del Poder Judicial.
Según informes de los medios de propaganda de la familia dictatorial y publicaciones de la CSJ, en mayo de 2021 los magistrados Juana Méndez, Octavio Rothschuh, Auxiliadora Alemán, Sergio Bonilla, Einstein Vargas Echegoyen, entre otros, recibieron su título de doctores en filosofía del derecho por parte de la UNIVAL y la University Internacional de Mahanaim, de Estados Unidos, un alma mater del imperio que odia la dictadura nicaragüense. Dicha universidad era parte de la Semana Mundial de Acción por la Educación que se conmemora anualmente.
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«No hay una coherencia ni decisiones articuladas, es un Estado que actúa sobre la base de lo que se le viene ocurriendo. Esto es grave, evidencia que no existe, de parte de las instituciones del Estado, una comunicación fluida que permita la aplicación correcta de la ley», explicó uno de los expertos.
La actuación del CNU
El Ministerio de Gobernación explicó que el CNU y el CNEA evaluaron del 23 al 26 de noviembre pasados a la UNIVAL, tanto en su sede central en Managua, como en sus recintos ubicados en las ciudades de Juigalpa, Jinotega, Matagalpa y Ocotal, con el propósito de verificar el cumplimiento del currículo de las carreras, así como número de docentes, matrícula, graduados, entre otros. Argumenta que la oferta académica internacional de la UNIVAL en varios países no cuenta con la autorización del CNU.
«Los argumentos de la dictadura son extraños porque hasta a sus magistrados prepararon a nivel de doctorado en la UNIVAL, entonces quiere decir que esos títulos no sirven. No son válidos. Decir ahora que la oferta académica no es válida, es afectar los títulos de doctor que le fueron conferidos a los funcionarios fieles al régimen Ortega Murillo. Si no están autorizadas las carreras por qué el CNU no actuó antes?», cuestionó uno de los expertos en educación y catedrático de una de las universidades canceladas por la Asamblea Nacional.
Además, subrayan que otras universidades públicas, de mayor renombre y con trayectoria, ofertan distintos programas de doctorados que se adaptan a las necesidades de formación de los funcionarios judiciales.
La validez de los títulos
Los expertos además critican la validez que tengan los títulos de doctores en filosofía del derecho que le fueron entregados a los magistrados de la CSJ porque, según el régimen de Nicaragua, la UNIVAL no contaba con una oferta académica consistente en cuanto a sus elementos mínimos que deben de poseer los planes de estudios, que incluiría las clases que le fueron impartidas a los funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Cuando los pares del CNEA hacen las visitas a las casas de estudios dan una serie de recomendaciones a las universidades, pero ahora vienen a decir que la universidad, después de 25 años de funcionar, decir que no sirve, es ilógico y afecta directamente los títulos entregados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia», añadió.
Artículo 66 consultó en el Sistema de Contrataciones del Estado (SICAE) el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la CSJ de los años 2019 al 2021, para conocer cuánto dinero le costó a los nicaragüenses el doctorado de los magistrados del Poder Judicial, pero no hay registro de dicho proceso académico que tendría una duración de dos años, el tiempo regular que conlleva una formación de ese tipo.
Tras el cierre de la UNIVAL, ahora surgen varias interrogantes sobre la validez de los títulos de los seis magistrados que fueron formados por dicha universidad, y los criterios que tomaron en cuenta los funcionarios de la CSJ para estudiar un doctorado en derecho, pero un tema como este se mantiene en secretismo como todo lo que sucede en el país desde el 2007, años en que regresó a la Presidencia Daniel Ortega y su séquito de adeptos al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).