Orteguismo chantajea a comerciantes con quitarles sus permisos de operación si no acuden a votar

El observatorio Urnas Abiertas realizó un análisis del panorama electoral donde expuso diferentes aspectos que demuestran la falta de legalidad de las elecciones municipales a realizarse este domingo, seis de noviembre.

La defensora de derechos humanos y exobservadora de Panorama Electoral Haydée Castillo, indicó que las elecciones municipales servirán para legitimar grupos de poder que no gozan del respaldo popular, «como es el caso de la dictadura Ortega-Murillo y también de algunos de los partidos zancudos que son cómplices», expresó.

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Destacó que desde la perspectiva de los derechos humanos para encaminar hacia la restitución democrática «en un país como Nicaragua no basta con que haya elecciones, porque aún así se requiere una serie de estándares».

«Por ejemplo, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 23 de la Convención Americana, dice que las elecciones se consideran si cumplen que la voluntad del pueblo sea la base de la autoridad del poder político, sin embargo aquí no hay tal voluntad del pueblo que sea por sufragio universal (…) que garantice la libertad de ese voto», destacó.

Afirmó que en Nicaragua no existe libertad de expresión, de reunión, de asociación, ni de circulación, sino que se está asistiendo «a una farsa» en un contexto donde hay más de 200 personas presas políticas.

«Estas son elecciones con represión, persecución e intimidación. Nosotros hemos recibido reportes de la gente que dice que —la dictadura— les están visitando casa por casa y ya no es exigiéndoles a los trabajadores del estado, sino que el nivel de represión ha subido tanto que también están amenazando a cualquier ciudadano».

Chantaje a trabajadores públicos

Por su parte, Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, señaló que el régimen de Ortega está planificando «vender un poco de participación ciudadana en la elecciones municipales, llenando las filas de trabajadores públicos, especialmente del sector salud y educación».

«También tenemos información que pequeños y medianos empresarios y comerciantes los están amenazando, de que sino van a votar les cancelarán sus permisos de operación» dijo Valle.

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Además, señaló que en los últimos días, la dictadura de Ortega ha difundido noticias falsas y rumores para obligar a que la ciudadanía a que vote. «Andan diciendo que cualquier persona que no acuda a votar y sea eliminado del padrón, no podrá renovar la cédula, cuando no hay ningún mecanismo que vincule el proceso de cedulación con la aparición del catálogo de electores».

Otra información que circula es que el régimen pretende hacer creer a través de los códigos que tiene cada boleta podrán identificar por quién votó la ciudadanía y en caso de que no haya votado por el Frente Sandinista, los trabajadores públicos recibirán represalias» .

«Elecciones carecen de integridad»

Según Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, las elecciones en Nicaragua carecen de un orden democrático, porque se trabata de procesos si ningún tipo de garantías.

«Realmente —las elecciones municipales en Nicaragua— son contraejemplo de lo que entendemos por elecciones con integridad. Las elecciones de Nicaragua lo que justamente no tienen es integridad y no se trata de las elecciones municipales, sino que se habla de un proceso de deterioro muy marcado de asalto a la democracia».

Por su parte, el analista político Eliseo Núñez explicó que en cuanto a la gestión municipal, el régimen no ha cumplido con el 10 por ciento del presupuesto de ingreso como transferencia a los poderes locales.

«Lo que nosotros estamos enfrentando es básicamente un modelo en el que hay muy poca capacidad de responderle a la población. Un modelo que se va a convertir simplemente en un brazo ejecutor de la dictadura y que definitivamente no se va encontrar un proceso en las municipalidades, porque se acabó la competitividad que podía existir entre los diferentes grupos internos», indicó.

Remarcó que el tema electoral «impacta muchísimo» porque la ciudadanía «se ha decepcionado» del voto como mecanismo para cambiar políticas públicas, abandonando así la participación ciudadana.