Fiscalía pide 23 años de prisión para el antimotín que se negó a reprimir

El expolicía antimotín Julio Cesar Espinoza Gallegos, podría recibir una condena de 23 años de prisión, tal y como lo pidió el Ministerio Público, por el delito de terrorismo y uso ilícito de uniformes y emblemas de la Policía Nacional.  Según su familia, el exagente antidisturbios fue encarcelado y procesado por negarse a reprimir las manifestaciones sociales que se registraron el país desde el 18 de abril.

Espinoza Gallegos, de 29 años, enfrenta juicio junto a los ciudadanos Wilmer Baltodano Salinas, Raymundo Gutiérrez López y Alejandro Bermúdez Aguirre, para quienes la Fiscalía pidió 20 años de prisión por el delito de terrorismo, por su participación en los tranques en Las Cuatro Esquinas, sobre la carretera hacia Diriamba.

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Después de su detención, los familiares del expolicía denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que Espinoza Gallegos no participó en ningún tranque, pero sí se negó a regresar a la institución porque se encontraba de subsidio. Los parientes también justificaron con los documentos médicos del hospital Carlos Roberto Huembes, que el antimontín estaba inhabilitado para trabajar y que por tanto tampoco podría realizar acciones de protesta, como ahora lo acusan las autoridades policiales.

El antimotín, según el defensor Julio Montenegro, se negó a integrarse aduciendo el subsidio recetado por los médicos, pero al culminar su reposo decidió pedir su baja y envió a una de sus hermanas para que entregara todos los uniformes, chip y demás pertenencias que eran de la Policía, sin embargo, no fueron aceptados y se le obligó a presentarlos personalmente.

El seis de agosto, López llevó sus pertenencias al complejo policial “Plaza El Sol” y le otorgaron una constancia de recibidos, pero cuatro días después llegaron sujetos, vestidos de civil, a sacarlo de su casa de habitación en Diriamba, Carazo. 

La policía ejecutó un operativo represivo contra los manifestantes en el llamado “plan limpieza”, que consistió en el ataque armado para desmontar las barricadas que los ciudadanos habían levantado en las carreteras del país.