Cenidh: Régimen de Nicaragua «deja en la indefensión a indígenas» al ilegalizar a Cejudhcan
La aplanadora de diputados orteguistas resolvió cancelar la personalidad jurídica del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), organismo dedicado a defender y promover los derechos de los pueblos indígenas.
Ante esa ilegalización, materializada el 17 de marzo; el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo deja indefensos a los comunitarios, que sufren constantes invasiones por parte de colonos, así como desplazamientos forzados.
Por medio de un comunicado emitido a través de sus redes sociales, el Cenidh aseguró que la dictadura «no solo ha destruido una organización, también ha dejado a incontables familias indígenas en la indefensión, sin justicia, sin esperanzas, solas, expuestas a la violación de sus libertades, a la muerte y la segregación».
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La organización trabajaba en Nicaragua desde 1997, como una asociación no gubernamental sin fines de lucro, de carácter humanitario. Integrada por profesionales indígenas, dedicada a la promoción y defensa de los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendiente de Nicaragua.
La dirigía la lideresa territorial Lottie Cunningham, una destacada defensora de derechos humanos en el Caribe nicaragüense. En 2018, Cunningham fue parte de las diversas organizaciones de la sociedad civil que denunciaron ante organismos internacionales la represión de la dictadura, en especial las constantes amenazas que sufren las comunidades del Caribe ante la invasión de colonos y las masacres contra los pueblos indígenas.
Recientemente, los comunitarios del territorio mayangna denunciaron haber sido víctimas de amenazas con armas de fuego por agentes policiales, esto debido a su oposición por la reelección del jefe de Gobierno. Además, se reportó el asesinato de un defensor de derechos humanos indígena, quien había sido secuestrado en su zona agrícola y encontrado con signos de tortura.
En ese caso, el Cenidh reprochó que «el régimen Ortega-Murillo en vez de garantizar una investigación pertinente sobre estos hechos, atender las demandas de las comunidades y potenciar su crecimiento económico y social, ha resuelto arremeter contra ellas anunciando la cancelación de la personalidad jurídica de una de las organizaciones más comprometidas y protectoras de la región».
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La organización a través de sus programas pretendía garantizar que los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua tengan acceso a la justicia para la defensa de sus derechos territoriales para tener una justicia social y ambiental con enfoque de género.
En 2003, Cejudhcan facilitó un proceso para articular y coordinar con las organizaciones de la sociedad civil a solicitud de los gobiernos territoriales Indígenas y afrodescendientes, espacios de diálogo que permitieran consensuar y validar un procedimiento único para la última etapa de legalización de las tierras de los pueblos originarios: la etapa de saneamiento.
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