Sin mayores sorpresas, el régimen Ortega-Murillo aplicó el mismo guion contra presos políticos en el juicio contra el líder campesino Freddy Navas. En horas de la tarde del jueves, el opositor fue declarado culpable por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y la Fiscalía pidió la pena de 10 años de prisión más inhabilitación para ejercer cargo público.
El defensor de derechos humanos Eber Acevedo informó que, durante el juicio, Navas expresó que «luchar por su país es su pasión y lo están juzgando por amar a su patria, y si de algo es culpable es de amar a Nicaragua».
Se anticipa que los aspirantes presidenciales y presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga sean juzgados y condenados adelantó el abogado internacional de ambos opositores, Jared Genser.
En un comunicado, el defensor manifestó que los juicios son parte de una «farsa judicial» porque Daniel Ortega y Rosario Murillo manipulan el Poder Judicial como «una herramienta política para condenar a cualquiera que hable en contra de su régimen», y avanzan con su «represión desenfrenada» al condenar a reos políticos en juicios ilegales e ilegítimos.
El juicio de ambos tendrá lugar el 15 de febrero por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, cargo que conlleva una pena de prisión de entre 15 y 25 años.
La presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez, juramentó a las nuevas autoridades académicas de las recién creadas Universidad Nacional Politécnica (UNP) y Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
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Los nombramientos se dan a pocos días de la confiscación de universidades privadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). La rectora de la UPN es Lilliam Lezama, y de la Universidad Ricardo Morales Avilés es Johana Tórrez Mendoza.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenó enérgicamente la cancelación de la personalidad jurídica de al menos 16 universidades y organizaciones de la sociedad civil por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
REDESCA es una oficina autónoma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este día rechazó la medida al considerarla parte del «patrón de afectación a las libertades y derechos» que ejecuta el régimen de Nicaragua.
REDESCA también señaló que la medida es contraria a los principios sobre libertad académica y autonomía universitaria e impacta en el derecho a la educación y los derechos laborales de los trabajadores de las entidades afectadas. La oficina exhortó al Estado a dejar sin efecto la cancelación de las personerías.
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El alcalde sandinista Wilfredo López Hernández y al menos tres funcionarios de su administración habrían caído en desgracia ante sus caudillos nacionales.
Según el medio de comunicación Confidencial, el edil está suspendido de su cargo y la alcaldía se encuentra acéfala desde la semana pasada cuando fue intervenida por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía y el Instituto de Fomento Municipal (Inifom) por supuestos actos de corrupción, que incluye el manejo del proyecto “Casas para el Pueblo Bismarck Martínez”, que aún no ha sido inaugurado y ya es sobrevalorado y con la inscripción de propiedades a nombre de terceros.
El mismo medio también relata otro escándalo en Rivas con la magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien habría ordenado que una propiedad de un narcotraficante se le asignara a su hermano Emilio Chan López, juez de lo civil en el mismo departamento. Al juez premiado con la propiedad también se le encontró una cifra superior a los 200,000 dólares en efectivo.
La funcionaria fue interrogada en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, al igual que su hermano y el registrador de la propiedad de Rivas, Pedro Muñoz Carranza.
La exguerrillera sandinista y miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Dora María Téllez, fue condenada a ocho años de prisión por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». Ángel Jancarlos Fernández González, juez Cuarto Distrito Penal de Juicios en Managua, fue el encargado de leer la sentencia este día.
También este jueves, el régimen Ortega-Murillo condenó al dirigente estudiantil Lesther Alemán a 13 años de prisión por realizar supuestos actos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) manifestó que el único delito del joven de 24 años es soñar con una Nicaragua libre, por tanto, reiteró su demanda de libertad inmediata para él y todos los presos políticos.
Nicaragüenses han llenado las redes sociales con mensajes al cantante mexicano Christian Nodal, después que la productora Laguna Entertainment confirmara que el artista ofrecerá un concierto en Nicaragua.
Los opositores iniciaron una campaña solicitando al cantante que cancele el evento, pues aseguran que «nada está normal», destacando los recientes juicios a más de 40 presos políticos, la represión estatal y las violaciones a los derechos humanos. Los nicaragüenses piden la cancelación utilizando también las etiquetas #LibertadParaLosPresosPolíticos y #SOSNicaragua.