Michael Healy y Álvaro Vargas cumplen más de 100 días en «El Chipote»

Los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas cumplen 103 días encarcelados por el régimen de Daniel Ortega, acusados por el supuesto delito de lavado de dinero. El actual presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), César Zamora, ha asegurado estar listo para una «negociación» que gestione la libertad de sus socios.

Healy y Vargas fueron detenidos el 20 de octubre luego de ser citados por la Fiscalía para presentarse a una «entrevista». Healy a su llegada evitó dar declaraciones a los medios de comunicación presentes en la entrada de la institución. También se mostró renuente a ser fotografiado y a su salida fue custodiado por policías motorizados y un auto particular. Los oficiales minutos después decidieron detener al empresario de forma arbitraria. En el caso de Vargas ni siquiera tuvo la oportunidad de llegar al sitio, pues fue apresado horas antes.

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Los familiares de ambos han denunciado el deterioro físico que presentan y la falta de atención médica adecuada. Al igual que la mayoría de opositores detenidos se les ha aplicado la Ley 1055 conocida como «Ley de Soberanía», señalados además de pedir intervenciones militares y sanciones en perjuicio de la sociedad nicaragüense.

Según el medio digital Divergentes, el presidente del Cosep, César Zamora, insistió en que es urgente «hablar de una negociación, diálogo, encuentro, todo debido a tres amigos que están desesperados y nos debemos a ellos».

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El martes, 25 de enero, un total de 45 familiares de presos políticos, incluyendo familiares del expresidente del Cosep José Adán Aguerri, dieron a conocer un comunicado donde llaman a los diferentes sectores de la sociedad a «unir fuerzas» para la liberación de los presos políticos de Ortega.

El régimen mantiene bajo cárcel a más de 170 opositores entre los que se encuentran activistas, defensores de derechos humanos, exdiplomáticos, periodistas y empresarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 31 de enero la liberación «urgente» de las personas detenidas.