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Ortega y Murillo aprobarán reforma constitucional este 1 de septiembre

El régimen orteguista acelera la modificación a la Carta Magna: la primera legislatura se discutirá este 1 de septiembre en el Parlamento y la ratificación final será el 18 de enero de 2027 en la ciudad de León
Por Artículo 66 agosto 31, 2026
Rosario Murillo y el Presidente de Nicaragua Daniel Ortega | Foto de AFP

La vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que la iniciativa de reforma a la Constitución será sometida a votación en primera legislatura durante la sesión de la Asamblea Nacional este 1 de septiembre.

Durante su alocución diaria, de este lunes, 31 de agosto, Murillo detalló que el proyecto ingresará formalmente al pleno de la Asamblea Nacional para «su votación» en primera legislatura.

El trámite parlamentario completará su ciclo el 18 de enero de 2027 con la celebración de la segunda legislatura, en una sesión convocada en la ciudad de León.

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«En la Sesión de la Asamblea Nacional, Orgullo de mi País, se presentará a aprobación, en Primera Legislatura, cumpliendo con nuestras Leyes, la Reforma Constitucional Nicaragua, Patria Bendita y Libre», dijo.

Murillo presentó la sesión del 1 de septiembre como parte de las actividades del llamado «Mes de la Patria» y adelantó que la segunda legislatura se realizará en León.

«La Segunda Legislatura se realizará, con Rubén, Siempre con Rubén, el próximo 18 de Enero, allá en León», afirmó.

La reforma para atornillar a Ortega

La iniciativa fue sometida a las llamadas «consultas populares» promovidas por el régimen durante agosto. El proceso concluyó el pasado 27 de agosto, después de que funcionarios y simpatizantes del oficialismo recorrieran distintos municipios para recoger opiniones sobre el proyecto.

Durante esas consultas, el régimen aseguró haber recibido propuestas de la población. Sin embargo, la reforma ya había sido presentada por la Asamblea Nacional antes de que comenzara ese proceso de participación.

El proyecto plantea modificaciones como la ampliación del período presidencial de seis a siete años y otorgar nuevas facultades al Consejo Supremo Electoral (CSE) sobre las organizaciones políticas.

Este órgano tendrá la facultad de cancelar la personalidad jurídica de partidos políticos cuyos dirigentes o miembros sean considerados por el régimen «traidores a la patria» o «golpistas».

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