Oficializan la «renuncia» de Alba Luz Ramos como presidencia de la Corte Suprema de Nicaragua
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, formalizó y aceptó la «renuncia inmediata» de Alba Luz Ramos Vanegas como magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según la certificación publicada en La Gaceta Oficial firmada por la primera secretaria del parlamento, Loria Raquel Dixon, la renuncia se tramitó con fecha del 25 de agosto de 2026 y fue aprobada de urgencia en una reunión directiva el 27 de agosto de 2026.
En la carta atribuida a Ramos, argumenta retirarse «únicamente a razones de salud» y por motivos de jubilación, concluyendo una carrera de más de 30 años en el Poder Judicial.
El trámite se produce después de que el pasado 25 de agosto, la magistrada Ana Julia Guido fuera presentada bajo el cargo de «Presidenta por la Ley de la Corte Suprema de Justicia» durante el proceso de consultas que lleva a cabo el régimen sobre la reforma constitucional.
Tres años apartada del cargo
Alba Luz Ramos permaneció completamente apartada de la vida pública y despojada de facto de sus funciones desde octubre de 2023, cuando fue violentamente desalojada de sus oficinas en la CSJ por la policía bajo órdenes de la jefatura del régimen.
Desde entonces, su situación legal y paradero se mantuvieron bajo hermetismo entre reportes extraoficiales de aislamiento, en medio de una purga masiva en el aparato judicial.
El 9 de mayo de 2026, los medios oficialistas del régimen nicaragüense publicaron simultáneamente un documento titulado «carta aclaratoria» y atribuido a Alba Luz Ramos Vanegas.
La carta negaba que Ramos estuviera detenida o hubiese huido del país, al tiempo que declaraba su lealtad a Daniel Ortega y Rosario Murillo; sin embargo, carecía de firma. La exfuncionaria tildaba de «infamias» y «noticias falsas» los reportes periodísticos sobre su caída en desgracia, negando haber huido del país o estar retenida en operativos clandestinos:
«Niego rotundamente que mi persona o miembros de mi familia, incluyendo a mi hija, sobrinos y sobrinas, hayamos sido objeto de investigaciones, detenciones o procesos judiciales», aseguraba el comunicado.
Reestruturación del Poder Judicial
La crisis en la cúspide del Poder Judicial detonó a finales de octubre de 2023, cuando fuentes internas de la CSJ confirmaron que Ramos fue desalojada violentamente de su oficina por un operativo policial al mando del comisionado general retirado Horacio Rocha.
Desde esa fecha, la exmagistrada no volvió a aparecer en actos públicos, sus cuentas bancarias fueron congeladas y su residencia en Managua permaneció bajo estricta vigilancia policial.
Para analistas políticos, su condición encajó en la figura de «casa por cárcel» e incomunicación, un patrón aplicado a figuras históricas del sandinismo que pierden la confianza del círculo de Rosario Murillo.
Entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026, la dictadura forzó una barrida masiva mediante dimisiones relámpago. Todas por razones de salud o jubilación.
En noviembre de 2025, se concretó la salida simultánea de los magistrados Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián, Manuel Martínez, Yadira Centeno y Ellen Lewin.
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Para sustituirlos, la Asamblea Nacional impuso a operadores de línea dura encabezados por la exfiscal Ana Julia Guido Ochoa, junto a Octavio Ernesto Rothschuh Andino, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, Shura Bonylin Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.
En los meses posteriores, dimitieron de forma expedita los magistrados Armando Juárez, Marvin Ramiro Aguilar García, Gerardo Arce Castaño (hermano del dirigente sandinista encarcelado Bayardo Arce) y, en marzo de 2026, Juana Méndez, considerada por años una de las operadoras más protegidas por Ortega.
Con la aceptación de la renuncia de Alba Luz Ramos, el régimen cierra formalmente la purga dentro de la Corte Suprema.
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