Expertos advierten consecuencias por reforma que impedirá acatar leyes extranjeras
La reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para impedir la aplicación de leyes extranjeras y disposiciones internacionales en Nicaragua representa, según el defensor de derechos humanos Álvaro Leiva y el preso político desterrado Héctor Mairena, un intento de blindaje político y jurídico para evitar futuras acciones internacionales contra la dictadura.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó el sábado 22 de agosto la incorporación de un nuevo párrafo a la reforma constitucional. El texto establece que ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en Nicaragua si, según el régimen, afecta la independencia, la soberanía o la paz del país.
Leiva considera que la medida tiene como principal objetivo proteger al régimen de posibles consecuencias por las violaciones de derechos humanos documentadas durante los últimos años.
«La dictadura Ortega-Murillo busca una sola cosa con esta reforma: blindar su impunidad», afirmó.
Un blindaje político
Para Leiva, el régimen pretende utilizar el concepto de soberanía como argumento para desconocer resoluciones internacionales y deslegitimar las críticas de otros países y organismos.
Según el defensor de derechos humanos, la reforma permitiría al régimen presentar cualquier señalamiento externo como una supuesta agresión contra Nicaragua. A su juicio, esto serviría para justificar internamente medidas como detenciones arbitrarias, desnacionalizaciones y confiscaciones.
«El régimen Ortega-Murillo utiliza la “defensa de la soberanía” como escudo narrativo, no como argumento jurídico», sostuvo.
Mairena coincide en que el objetivo de la reforma es principalmente político. Explicó que el debate sobre si una Constitución tiene supremacía frente a los tratados internacionales no es, en este caso, el aspecto central.
«El punto es que la dictadura está impulsando esta reforma constitucional para tener, digamos, teóricamente un blindaje ante leyes o medidas que puedan ser aplicadas invocando o aplicando compromisos y normas del derecho internacional», señaló.
El también ex preso político recordó que la reforma constitucional aprobada el año pasado ya eliminó referencias a algunos compromisos internacionales, entre ellos el reconocimiento constitucional de la Convención contra la Tortura.
Más aislamiento internacional
Mairena advirtió que la nueva reforma podría aumentar el aislamiento de Nicaragua y generar consecuencias en las relaciones diplomáticas y económicas.
«Es una acción sobre todo de tipo político, es una acción que pretende blindar a los culpables de crímenes de lesa humanidad y estaría aislando aún más a Nicaragua de sus compromisos internacionales, específicamente en el terreno de los Derechos Humanos», afirmó.
Leiva también considera que las medidas internacionales acumuladas durante las últimas dos décadas han reducido el margen de maniobra del régimen, aunque no hayan conseguido modificar su conducta dentro del país.
Mencionó sanciones individuales y sectoriales, restricciones financieras y resoluciones de organismos multilaterales como factores que han afectado el acceso del Estado nicaragüense a financiamiento, cooperación y legitimidad diplomática.
«Cada resolución internacional se convierte en una pieza más del cerco que limita la capacidad del Estado de actuar sin consecuencias externas», dijo.
Respuesta de Ortega a la OEA
La reforma ocurre pocos días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión de cancilleres que analice posibles acciones frente a la situación de Nicaragua.
Para Leiva, las resoluciones de la OEA no necesariamente modifican de inmediato las decisiones del régimen dentro de Nicaragua, pero sí tienen efectos en el ámbito internacional.
«Cada resolución es un registro oficial que queda en la historia diplomática del continente», explicó.
A su criterio, estas decisiones pueden afectar las relaciones bilaterales, la cooperación, el acceso a financiamiento y la percepción de riesgo político y económico del país.
Mairena, por su parte, considera que Nicaragua se encuentra ante un momento en el que la comunidad internacional podría pasar de las declaraciones a medidas concretas.
«Creo que estamos en un momento en que la comunidad internacional está diciendo basta y pasará de las declaraciones a las acciones y a las medidas», afirmó.
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