Diez organizaciones opositoras se unen para pedir sanciones contra el régimen orteguista
A pocas horas de que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decida si convoca una reunión de cancilleres para abordar la situación de Nicaragua y el deterioro de la democracia bajo el gobierno de Daniel Ortega, diez organizaciones de la oposición nicaragüense solicitaron a los Estados miembros una respuesta coordinada que incremente la presión política, diplomática y económica contra el régimen.
En una carta dirigida a los ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio, las organizaciones sostienen que la crisis nicaragüense dejó de ser un problema de legitimidad democrática para convertirse en una «usurpación sostenida del poder», marcada por la eliminación de derechos y libertades fundamentales.
La petición se produce después de que Ortega afirmara el pasado 19 de julio que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones», una declaración que motivó a la OEA a programar para este 5 de agosto una sesión extraordinaria en la que sus Estados miembros discutirán si convocan una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para analizar el caso nicaragüense.
Piden una respuesta coordinada
Las organizaciones consideran que las declaraciones de Ortega confirman «el cierre definitivo de cualquier posibilidad de alternancia democrática» y representan una ruptura con los principios del sistema interamericano, entre ellos el respeto a la voluntad popular y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades.
«.El poder en Nicaragua se sostiene mediante la eliminación de garantías fundamentales, la persecución política, el exilio forzado, la desnacionalización arbitraria, la persecución religiosa, el cierre de los espacios de participación ciudadana y la represión, incluyendo a los pueblos del Caribe nicaragüense», denunciaron en el documento.
También hacen un llamado directo a los gobiernos del continente para que no permanezcan al margen de la crisis. «No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo».
Las organizaciones sostienen que la situación del país ya no puede tratarse como un asunto interno, porque tiene consecuencias para toda la región debido al desplazamiento forzado de miles de personas, la persecución transnacional, las denuncias de crímenes de lesa humanidad y el debilitamiento del Estado de derecho.
Proponen sanciones políticas y económicas
Por ello, respaldan la iniciativa de la OEA de mantener el caso de Nicaragua en su agenda, pero consideran que esa acción debe ir acompañada de medidas concretas adoptadas por cada Estado miembro.
Solicitaron medidas «legales, económicas, políticas y diplomáticas proporcionales a la gravedad de la situación», además de acciones para proteger a las víctimas, garantizar los derechos de las personas exiliadas, restituir los derechos civiles y políticos, defender la nacionalidad de quienes fueron despojados de ella y poner fin a la persecución transnacional.
Asimismo, insisten en la necesidad de mantener una presión internacional sostenida que contribuya a una salida «pacífica, democrática y verificable» para la crisis nicaragüense.
Comentarios