Justicia argentina confirma decomiso de US$454 millones y remate de 111 bienes de Cristina Fernández
La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó este 2 de julio los últimos recursos presentados por las defensas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la denominada causa Vialidad, dejando firme un decomiso por 684.990 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 454 millones de dólares, y habilitando la ejecución y eventual remate de 111 bienes vinculados al caso.
La decisión pone fin al último gran debate judicial relacionado con la dimensión económica de uno de los procesos por corrupción más emblemáticos de la historia reciente de Argentina y abre la puerta a la recuperación de activos que, según los tribunales, fueron obtenidos mediante maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras públicas.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los cuestionamientos de las defensas sobre la actualización del monto originalmente fijado en la sentencia.
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Con ello, el Tribunal Oral Federal N.º 2 podrá avanzar ahora en la tasación, administración y eventual liquidación de los bienes alcanzados por la condena.
Qué son los 111 bienes que podrá ejecutar la Justicia
Los 111 bienes incluidos en la ejecución patrimonial pertenecen al conjunto de los condenados en la causa y comprenden inmuebles, empresas, establecimientos hoteleros, vehículos y otros activos que deberán responder solidariamente por el monto establecido por la Justicia.
Entre ellos figuran propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, así como bienes asociados al empresario de la construcción Lázaro Báez, considerado por los tribunales como el principal beneficiario del esquema investigado.
Báez construyó gran parte de su fortuna mediante contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, ubicada en la Patagonia argentina, en el extremo sur del país. Esa región, caracterizada por su actividad petrolera y ganadera, constituye además la cuna política del kirchnerismo, ya que allí desarrollaron su carrera política tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández.
La ejecución también alcanza a otros exfuncionarios y empresarios condenados en el mismo expediente, dado que la sentencia estableció responsabilidades compartidas respecto al perjuicio económico ocasionado al Estado argentino.
Especialistas en derecho penal económico advierten que la recuperación total de los fondos podría extenderse durante varios años, debido a la complejidad para tasar algunos activos y a la existencia de otros procesos judiciales que también afectan parte del patrimonio de los involucrados.
El monto decomisado subió por la inflación
Cuando el Tribunal Oral Federal dictó sentencia en diciembre de 2022, el decomiso había sido fijado en 84.835 millones de pesos argentinos.
Sin embargo, la elevada inflación registrada en Argentina durante los últimos años obligó a actualizar esa cifra para evitar que la reparación económica perdiera valor real con el paso del tiempo.
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Los peritos judiciales utilizaron índices oficiales para recalcular el monto hasta alcanzar los actuales 684.990 millones de pesos, equivalentes a unos 454 millones de dólares al tipo de cambio vigente.
Las defensas de Cristina Kirchner y de otros condenados cuestionaron la metodología empleada para esa actualización y sostuvieron que alteraba el espíritu de la sentencia original. No obstante, la Corte Suprema desestimó esos argumentos y dejó firme la cifra definitiva.
El decomiso constituye uno de los mayores montos ordenados por la Justicia argentina en un caso de corrupción y figura entre las recuperaciones patrimoniales más importantes impulsadas en América Latina durante los últimos años.
La investigación contra la expresidenta
La denominada causa Vialidad investigó la adjudicación de 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007, y de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo sucedió en el poder hasta 2015.
Los tribunales concluyeron que existió un esquema de administración fraudulenta que favoreció sistemáticamente a empresas vinculadas a Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares y sobreprecios en proyectos de infraestructura vial.
El caso adquirió una enorme relevancia política y judicial en Argentina, donde durante años dividió a la opinión pública entre quienes consideraban que se trataba de un proceso ejemplar contra la corrupción y quienes denunciaban una persecución política contra el kirchnerismo.
Cristina Fernández siempre negó las acusaciones y sostuvo que las investigaciones formaban parte de una estrategia de «lawfare», término utilizado en América Latina para denunciar supuestos usos políticos del sistema judicial.
Sus adversarios, por el contrario, consideran que las sentencias representan uno de los avances más significativos en materia de rendición de cuentas para antiguos gobernantes argentinos.
Cristina Kirchner y su final como política
El actual fallo sobre el decomiso constituye la continuación de una decisión histórica adoptada el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La sentencia confirmó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, cerrando más de una década de investigaciones, apelaciones y recursos judiciales.
Aquella resolución marcó un punto de inflexión en la política argentina al convertir a una expresidenta democráticamente electa en una dirigente con condena firme por corrupción.
Ahora, con la decisión de este 2 de julio, la Justicia argentina da por concluido el capítulo económico del caso y traslada el foco hacia la recuperación efectiva de los recursos que, según la sentencia, pertenecen al Estado.
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