ONU denuncia que la «fiebre del oro» en Nicaragua pone en riesgo la supervivencia de indígenas y afrodescendientes

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH presentó este martes su actualización oral sobre los derechos en Nicaragua en la que denunció que la «fiebre del oro» en el país, al referirse a la masiva entrega de concesiones mineras, pone en riesgo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.

«Los derechos y las tierras de los pueblos indígenas son amenazados por esta fiebre del oro que pone su supervivencia física y cultural en riesgo. La ampliación de las concesiones para la minería a gran escala a manos de empresas extranjeras se ha convertido en un salvavidas económico importante para el gobierno que se enfrenta a sanciones y aislamiento político», alertaron ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, que se hizo sin la representación diplomática del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Recordaron que durante los primeros cinco meses de 2026, más de la mitad de todas las concesiones otorgadas por la dictadura se hicieron precisamente sobre territorios indígenas y afrodescendientes.

«El año pasado nuevas leyes facilitaban la ampliación de las actividades extractivas en zonas protegidas, también en zonas medio ambientalmente sensibles o territorios indígenas Se ha reducido la vigilancia independiente de las concesiones mineras. Más de la mitad de esas concesiones en los primeros cinco meses de 2026 afectaban a las regiones autónomas costeras del Caribe donde viven la mayoría de poblaciones indígenas y afrodescendientes», explicaron.

El caso de Brooklyn Rivera

Igualmente criticaron la reciente muerte del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, ocurrida el pasado 30 de mayo, así como la detención de sus familiares y allegados, por lo que instaron a la dictadura a liberarlos sin condiciones de manera inmediata.

Llamaron a que haya una investigación independiente sobre muerte y la del resto de presos políticos que han muerto bajo custodia del Estado, así como a respetar las tradiciones para el entierro de Rivera, que fueron negadas por Ortega y Murillo después de mantenerlo más de 970 días en desaparición forzada e incumplir posteriormente los deseos sobre su funeral.

«Las autoridades también tienen que respetar el duelo de las familias y su derecho a guardar la memoria de sus parientes de acuerdo con sus creencias», agregaron sobre el régimen y cómo actuó ante el deceso del fundador del partido indígena YATAMA.

Amenazas de muerte contra exiliados

Alertaron sobre el registro de 16 casos de amenaza de muerte que desde abril de este 2026 ha procesado la Oficina del Alto Comisionado de nicaragüenses en el exilio. Hablaron de la represión trasnacional que pone en riesgo a miles de exiliados.

En el informe se exhorta a la liberación incondicional de todas las personas presas políticas o detenidas de forma arbitraria, a respetar las condiciones de encarcelamiento y prestar asistencia médica oportuna a los privados de libertad, en especial porque aseguraron que ha habido muertes como consecuencia de no darle ayuda sanitaria.

«Estamos preocupados por las condiciones de detención por el trato a los detenidos y sus familias. Las autoridades no han prestado suficiente atención a las personas de edad o aquellos que necesitaban cuidados médicos, en algunos casos esto ha podido contribuir a que fallecieran», afirmaron.

Insistieron en que en Nicaragua existe «un clima de terror» instaurado desde el año 2018 que incluye el exilio de más de 800 mil conciudadanos, el cierre del espacio cívico, la clasura de más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil, 56 medios de comunicación y que continúa con la detención de 46 personas presas políticas, así como la persecución religiosa en el país centroamericano.

«La libertad religiosa también está siendo seriamente restringida y sobre todo en el caso de que sus líderes e instituciones religiosas son consideradas por el gobierno una amenaza», alertaron.