Sandinistas, militares e indígenas: ¿Quiénes son los presos políticos a ocho años de la rebelión de abril?
A ocho años del estallido social de abril de 2018, el sistema penitenciario de Nicaragua ha mutado: no se limita solamente a recluir a voces disidentes, también se ha convertido en una guillotina interna que decapita a las figuras históricas del sandinismo.
El informe más reciente del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualizado al 31 de marzo de 2026, revela una cifra de 47 detenidos, un número que, lejos de indicar una disminución de la represión, refleja una estrategia de selectividad y ocultamiento.
Este número es apenas la superficie de un modelo que ha transitado del asedio masivo en las calles a un control silencioso.
Si en 2018 la represión buscaba sofocar una protesta social masiva, hoy el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplica lo que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) define como violaciones contra una «gama cada vez más amplia de personas», centrando las detenciones en objetivos estratégicos como militares en retiro y exfuncionarios.
Esta «limpieza» selectiva de perfiles de alto impacto convive con un esfuerzo deliberado por mantener las estadísticas de detención bajo mínimos verificables. Según el profesor Gabriel Leónidas Putoy Cano, coordinador del Grupo de Reflexión de Excarcelados (GREX-Costa Rica), al régimen le interesa que la lista oficial de reos de conciencia no aumente para evitar el costo político internacional.
«Prefieren que muchas detenciones se mantengan ocultas o bajo un subregistro; que la lista no crezca formalmente porque eso debilita la denuncia», explica el académico.
Para lograr este control sin necesidad de encarcelamientos masivos que hinchen las listas, la dictadura ha sustituido la celda física por una vigilancia tecnológica que Putoy denomina «el scanner».
Bajo este método, miles de ciudadanos bajo sospecha o excarcelados son obligados a registrar su huella diariamente en las estaciones policiales. Así, mientras la dictadura purga a sus cuadros históricos para asegurar lealtad absoluta, mantiene al resto de la sociedad en una «prisión invisible» que no suma números al reporte internacional, pero que anula cualquier intento de disidencia.
La caída de los cuadros sandinistas
Uno de los sectores que mayor peso ha ganado en esta lista de presos políticos es el de los perfiles vinculados al oficialismo, que ya representan el 15 % de los casos.
El caso más emblemático es el de Bayardo Arce Castaño, de 77 años, detenido el 30 de julio de 2025 y condenado en enero de 2026. Arce, quien fue asesor presidencial económico y figura histórica del sandinismo, personifica la purga de la vieja guardia.
No obstante, su inclusión en la lista de presos políticos genera una profunda discrepancia en diversos sectores sociales, dado que Arce se mantuvo al lado de Ortega durante la represión de 2018 y la Operación Limpieza que dejó más de 355 muertos.
Junto a Arce, otros excolaboradores del régimen enfrentan hoy la misma justicia que ayudaron a edificar. Álvaro Antonio Baltodano, general de Brigada en retiro de 73 años y exdelegado de inversiones, fue detenido en mayo de 2025 y sentenciado en un juicio secreto un mes después.
Henry Ruiz Hernández, conocido como «comandante Modesto» y una de los nueve figuras históricos del Frente Sandinista, fue detenido a sus 82 años, y permanece en casa por cárcel evidenciando que el prestigio histórico no es blindaje ante la purga.
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Por su parte, el coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, de 65 años, se encuentra en condición de desaparición forzada desde su detención el 23 de abril de 2024.
El profesor Putoy señala que estas detenciones responden a una estrategia de Rosario Murillo para barrer con la «vieja guardia» que rechaza su estilo autoritario, enviando un mensaje punitivo a sus propias bases: «no hay derecho a nada y deben cuidar hasta con quien platican de su propia familia».
Guardabosques y líderes indígenas
La represión también se ha encarnizado contra los pueblos originarios, que constituyen el 30 % de los presos actuales. Los líderes históricos de YATAMA, Brooklyn Rivera, de 73 años, y Steadman Fagot, de 71, permanecen en condición de desaparición forzada.
Rivera fue capturado el 29 de septiembre de 2023 y Fagot el 14 de septiembre de 2024, en un contexto de cancelación de su partido político.
El informe del Mecanismo advierte que la desaparición forzada de Rivera es de extrema gravedad dado que fue trasladado en ambulancia tras su arresto y se desconoce desde hace más de 900 días su paradero, lo que constituye un «crimen de lesa humanidad».
La diputada Nancy Elizabeth Enríquez, detenida el 1 de octubre de 2023, recibió recientemente el beneficio de régimen domiciliar debido a un estado de salud crítico.
En la zona de la Costa Caribe, el grupo de guardabosques mayangnas vinculados al caso Alal y Musawas sufre una criminalización severa por la defensa de sus tierras frente a colonos.
Rodrigo Bruno Arcángel, Stony Alberto Bruno Smith, Evertz Antonio Bruno Palacios, Oliver Bruno Palacios, Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías fueron detenidos entre agosto y noviembre de 2021.
Estos líderes han sido condenados a penas que incluyen la cadena perpetua en procesos que la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) describe como un «etnocidio» destinado a desarticular la gobernanza indígena para favorecer modelos extractivistas.
Ocho abriles de cautiverio
Jonathan Snayder López, originario de Matagalpa, es uno de los rostros que simboliza la continuidad del castigo estatal desde el inicio de la crisis.
Fue capturado el 22 de abril de 2018, cuando apenas tenía 21 años. Desde su detención, su familia y diversos organismos de derechos humanos han denunciado constantes golpizas y tratos crueles.
El ensañamiento contra el joven matagalpino se traduce hoy en una negativa absoluta de liberación por parte del régimen de Ortega y Murillo, manteniendo una separación forzosa con sus tres hijos.
La arbitrariedad del proceso judicial de López quedó al descubierto cuando, estando ya bajo custodia en La Modelo, el sistema intentó vincularlo con la muerte de un oficial en Managua durante el incendio del barrio Carlos Marx, donde una familia completa murió calcinada.
Debido a que su defensa logró demostrar la imposibilidad física de su participación, pues Jonathan ya estaba preso y su captura ocurrió en Matagalpa y no en la capital, las autoridades recurrieron a la fabricación de nuevos cargos.
El coronel en retiro Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 70 años, fue recapturado el 15 de agosto de 2025 y condenado a 15 años de prisión en 2026, una acción considerada una venganza por haber instado al Ejército a no reprimir en 2018.
En esa misma fecha fue detenida su esposa, la activista Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 68 años, quien se encuentra desaparecida.
El Mecanismo también destaca casos de larga data como los de Zacarías Isabel Cano Angulo y José Ricardo Cortez Dávila, detenidos en julio de 2014 y condenados por hechos previos a la crisis actual.
Condiciones infrahumanas
A ocho años de la rebelión de abril, la cifra de 47 presos políticos es para los organismos defensores de derechos humanos la prueba de una crueldad que no distingue afiliación política, ni lealtades pasadas.
El Mecanismo advierte que el deterioro físico y psicológico en las celdas, sumado a las condiciones de aislamiento y desnutrición, configura un escenario de tratos degradantes que el Estado utiliza como «un mecanismo de advertencia y control social extendido».
Ante este escenario de purgas y abusos, Putoy recalca que la futura democracia de Nicaragua debe romper el ciclo de arbitrariedades, incluso con quienes hoy sufren el sistema que ayudaron a construir.
«Necesitamos tribunales especializados para aplicar la justicia con firmeza, pero aprendiendo del pasado», afirma el excarcelado, para quien la diferencia ética frente a la dictadura es el respeto total al Estado de derecho . «Ellos no lo hicieron, pero nosotros debemos marcar esa diferencia».
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