Traspasan propiedad en León a las Corporaciones Nacionales del Sector Público

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acordó donar una propiedad en el departamento de León a las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap).

En la Gaceta Número 62 de este viernes, 10 de abril, se publicó el acuerdo presidencial número 49-2026 en la que se autoriza a la Procuraduría General de Justicia y la directora general de las Cornap a recibir el inmueble.

Aunque no se especifica extensión, tamaño ni ubicación específica de la propiedad, se señala en el acuerdo que se trata de un bien inscrito bajo el número absoluto de propiedad BI-2L3BTCE7, en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del departamento de León.

El pasado seis de marzo, la dictadura también formalizó una donación a las Cornap, pero en esa ocasión lo hizo en departamento de Estelí, inscrita bajo el número absoluto de propiedad BI-2L35UJQE. Como en este caso, no se detalló qué tipo de edificación, su extensión en metros cuadrados, el lugar exacto ni para qué fin será destinada.

Cómo usa el régimen a las Cornap

Las CORNAP se crearon en la década de 1990, bajo el gobierno de la fallecida expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Se les encargó del proceso de privatización de empresas estatales, que en el decenio anterior el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nacionalizó.

Expertos consideran que esta institución es una especie de paraguas de la familia Ortega-Murillo para administrar bienes estatales en beneficio del clan dictatorial. Esto, en especial, después de que la reactivaron formalmente en el año 2023 tras permanecer sin uso desde el retorno al poder de Ortega en el año 2007.

Igualmente, las CORNAP opera como un holding estatal oficial que le sirve al régimen para bajo las figuras de «donación estatal» traspasar bienes confiscados a instituciones que funcionan como brazos económicos del partido.

Esto especialmente de las masivas expropiaciones ocurridas después de las protestas de abril de 2018, documentadas en informes internacionales y en especial por parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

En julio de 2024, en su informe sobre las violaciones y abusos cometidos por la dictadura contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, los expertos dijeron que «las autoridades confiscaron bienes muebles e inmuebles pertenecientes a religiosos incluidos entre las 416 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en 2023 en el marco de sus detenciones arbitrarias y/o de procesos judiciales que no respetaron el derecho al debido proceso».

Añadieron que «el Grupo de Expertos también identificó casos en los que las propiedades fueron ocupadas por la vía de hecho independientemente del cierre de las organizaciones, universidades o medios a los cuales pertenecían».

Estas transferencias suelen formalizarse mediante acuerdos presidenciales con los que Ortega y Murillo justifican la entrega de bienes bajo el argumento de «utilidad pública» o «fortalecimiento de la seguridad social».