Piden a Marco Rubio endurecer postura ante violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) instó al secretario de Estado, Marco Rubio, a designar de manera oficial a Nicaragua como un país que viola la libertad religiosa.

El señalamiento fue realizado por Stephen Schneck, vocero del organismo, a través de un mensaje publicado en la red social X este jueves, 19 de marzo.

«El secretario Marco Rubio debería designar a Nicaragua como un país que viola la libertad religiosa, imponer sanciones financieras a los funcionarios que la violen y financiar programas de asistencia exterior para las ONG nicaragüenses que documentan las violaciones de la libertad religiosa, a fin de fomentar la rendición de cuentas», afirmó en su pronunciamiento.

Citando el Reporte Anual 2026 de la USCIRF, la comisión reiteró que el régimen sandinista emprende una «ofensiva total contra la libertad religiosa» como parte de su represión generalizada contra la disidencia de católicos y protestantes.

Además reiteró que Nicaragua debe ser incluida en la lista de «Países de Especial Preocupación» por violaciones graves a la libertad religiosa.

Deterioro sostenido de la libertad religiosa

El documento señala directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo como los principales ejecutores de la persecución que sufre la comunidad religiosa desde 2018.

«Actores de la sociedad civil han documentado la prohibición de más de 16,500 procesiones y actividades religiosas desde 2018, así como más de 1,000 actos de represión contra la Iglesia Católica, incluyendo confiscación de propiedades, cierres arbitrarios y amenazas públicas», detalla el reporte.

En 2025 y, por tercer año consecutivo, el régimen restringió drásticamente las celebraciones de Semana Santa en el país, imponiendo una fuerte vigilancia sobre los fieles y limitando las actividades religiosas estrictamente a los recintos de las iglesias.

«Para asegurar el cumplimiento de estas prohibiciones y evitar cualquier tipo de procesión en las calles, las autoridades desplegaron un contingente de hasta 14,000 agentes policiales a nivel nacional».

Asimismo, a finales de 2025 surgieron informes que revelaron una nueva faceta de esta presión contra la libertad de culto. Según las denuncias, el régimen mantuvo durante varios meses una medida que prohibía a los viajeros ingresar al territorio nacional portando Biblias.

«Aunque el número de denuncias bajó en el último año, esto no implica una mejora. Según los defensores de la libertad religiosa, este descenso se debe al miedo generalizado a denunciar y a la falta de cobertura mediática independiente», explica el informe.

Detenciones y muertes bajo custodia

La persecución escaló en 2025 hasta provocar la «muerte inexplicable» de dos personas bajo custodia estatal. Entre los casos más graves, el documento cita la detención del pastor Rudy Palacios Vargas, un abierto crítico del Gobierno que fue arrestado en una redada junto a su hermana, dos cuñados y un amigo de la familia.

Este último, identificado como Mauricio Alonso Petri, fue capturado junto a su esposa e hijo miembro del coro del pastor. «Alonso murió bajo custodia del Estado un mes después de su arresto y el gobierno ordenó a su familia enterrarlo inmediatamente bajo vigilancia policial», precisa la investigación.

Solo días después, el informe registra el fallecimiento del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, quien fungía como asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Cárdenas murió en agosto de 2025 tras enfrentar años de acoso estatal y una detención arbitraria.

Al igual que en el caso anterior, las autoridades entregaron el cuerpo de Cárdenas en un «ataúd ya sellado», se negaron a informar sobre la causa del deceso e impidieron a sus familiares realizar un funeral. Esta práctica de hermetismo se ha vuelto una constante en los casos de reos que mueren en prisión.

El documento también menciona a otras víctimas como las líderes laicas católicas Lesbia Gutiérrez y Carmen María Sáenz Martínez, quienes fueron enviadas a arresto domiciliario a finales de noviembre de 2025, tras haber permanecido casi 16 meses «detenidas e incomunicadas».