Exigen prueba de vida del líder indígena miskito Brooklyn Rivera

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas y Presos Políticos Nicaragua exigió este viernes, 13 de marzo, una prueba de vida del líder indígena miskito Brooklyn Rivera.
El exlegislador fue detenido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Bilwi el 29 de septiembre de 2023 y, desde entonces, su caso es señalado como una desaparición forzada bajo custodia estatal.
La organización advirtió que ha pasado un tiempo crítico sin información clara sobre su situación, por lo que reiteró la exigencia de esclarecer su paradero.
«895 días sin saber qué pasó con Brooklyn Rivera. El líder indígena miskito, de 73 años, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi. Desde entonces no hay información sobre su paradero. Se encuentra en desaparición forzada. Exigimos una prueba de vida.», señaló el Mecanismo en un comunicado oficial.
Incertidumbre sobre su salud
Hasta ahora, sus familiares no han logrado ubicarlo en ningún centro del Sistema Penitenciario Nacional ni han tenido contacto con él.
Reportes del medio Confidencial, que citan fuentes vinculadas al Ejército, indican que Rivera estaría «grave de salud» y bajo custodia policial en un hospital de Managua, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.
El silencio estatal aumenta el riesgo debido a su avanzada edad y a los padecimientos crónicos que sufre.
Además, el Mecanismo subrayó que se desconoce si ha sido formalmente judicializado o si existen pruebas públicas de los supuestos delitos que se le atribuyen.
Un líder perseguido
La persecución contra Rivera arreció en abril de 2023 cuando, según Amnistía Internacional, las autoridades le negaron el ingreso al país tras exponer la vulneración de derechos indígenas en foros internacionales.
El líder del partido político YATAMA logró retornar por «rutas alternas», apelando a los derechos de libre circulación transfronteriza, pero meses después fue arrestado en su vivienda.
Para Amnistía Internacional, ejercer sus derechos y disentir lo convirtió en blanco de la maquinaria represiva. «Su caso refleja cómo las autoridades han mantenido una política de intolerancia y castigo a cualquier voz crítica», dijo la organización en un pronunciamiento que hizo en 2024.

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