Moody’s advierte que crisis institucional frena calificación crediticia de Nicaragua

La calificadora internacional Moody’s confirmó la calificación de Nicaragua en B2 con perspectiva estable, en una decisión que reconoce la disciplina fiscal del país, pero que deja claro que la concentración de poder y el deterioro institucional siguen siendo un freno estructural para una mejora en el riesgo crediticio.

Moody’s señala que, aunque Nicaragua ha logrado superávits fiscales consecutivos desde 2022, reducción en la relación deuda/PIB y acumulación de reservas tanto fiscales como internacionales, estos avances conviven con riesgos estructurales significativos.

El documento advierte que «los riesgos de gobernanza siguen siendo elevados lo que refleja un marco institucional débil, marcado por la erosión del sistema de pesos y contrapesos y la concentración de poder en el poder ejecutivo».

Reformas constitucionales aumentan preocupaciones

La calificadora subraya que los cambios políticos recientes, como las reformas constitucionales y legales promulgadas en 2024-25, han incrementado esas preocupaciones. «Los riesgos políticos se han intensificado tras estos cambios que subordinaron las instituciones legislativas, judiciales y electorales al ejecutivo», indica el reporte.

A juicio de la firma, este contexto reduce la previsibilidad institucional, aumenta la incertidumbre sobre el rumbo de las políticas públicas y tiene un impacto directo en la evaluación crediticia.

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«En nuestra opinión, estos acontecimientos han debilitado significativamente los contrapesos institucionales, reducido la rendición de cuentas y aumentado el riesgo de cambios abruptos en las políticas o la aplicación de las mismas, impulsados por consideraciones políticas en lugar de objetivos económicos», afirmó Moody’s.

Añadió que, aunque las instituciones económicas han logrado preservar la estabilidad macroeconómica, «las debilidades de la gobernanza limitan considerablemente el margen para una mayor mejora del crédito».

Economía dependiente de Estados Unidos

En el plano económico, el informe reconoce que Nicaragua mantiene indicadores fiscales sólidos dentro de la categoría B. El superávit del gobierno general se situó alrededor del 2% del PIB en 2025, mientras que la deuda pública bajó a aproximadamente 35,4% del PIB.

Además, los depósitos del Gobierno en el banco central alcanzaron niveles récord, lo que fortalece los llamados «colchones» de liquidez frente a choques externos. Las reservas internacionales también se mantienen elevadas, respaldadas por superávits en cuenta corriente impulsados en gran medida por las remesas, que superan el 25% del PIB.

Sin embargo, la agencia advierte que la economía nicaragüense sigue siendo pequeña y poco diversificada, con alta dependencia del mercado estadounidense tanto para exportaciones como para remesas.

Según Moody’s, el riesgo de una ampliación de sanciones o medidas comerciales representa una amenaza relevante para la estabilidad macroeconómica, en especial, si llegara a afectar los flujos de inversión, financiamiento o envíos de dinero desde el exterior.

La perspectiva estable, explica la calificadora, refleja un equilibrio entre esos riesgos geopolíticos y el compromiso de las autoridades con políticas macro fiscales prudentes, pero el entorno político e institucional impide que Nicaragua aspire, por ahora, a una mejora en su calificación crediticia.