EE.UU. advierte a ejecutores de la represión en Nicaragua tras sancionar al director de «La Modelo»

La sanción impuesta por Estados Unidos contra el director de la cárcel de máxima seguridad «La Modelo», Roberto Clemente Guevara Gómez, escaló a un mensaje más amplio y directo: otros funcionarios nicaragüenses que participen en la represión podrían enfrentar consecuencias similares.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental afirmó que la designación del jefe penitenciario no es un hecho aislado, sino parte de una política dirigida a responsabilizar a quienes ejecutan violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
«Que esta acción sirva como un mensaje claro: aquellos que facilitan, participan en o sostienen las violaciones y abusos de derechos humanos de la dictadura de Murillo-Ortega enfrentarán consecuencias bajo la Administración Trump», señaló la oficina en un pronunciamiento público en la red social X.
La declaración convierte la sanción en una advertencia explícita para mandos policiales, funcionarios penitenciarios, operadores judiciales y cualquier servidor público vinculado a detenciones arbitrarias o persecución política.
Guevara Gómez fue designado bajo la sección 703, una disposición que permite al Gobierno estadounidense revocar visas y prohibir el ingreso a su territorio a funcionarios extranjeros señalados por graves violaciones de derechos humanos o corrupción significativa. La medida implica la cancelación de cualquier visado vigente y la inelegibilidad para entrar a Estados Unidos.
La cárcel «La Modelo» ha sido señalada reiteradamente por organismos de derechos humanos debido a denuncias de aislamiento prolongado, restricciones a visitas familiares y condiciones consideradas degradantes.
Exigen sancionar persecución religiosa
El Asesor Principal de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Global, Mark Walker, respaldó la advertencia y vinculó la sanción con la persecución contra líderes religiosos en el país.
«El clero católico y otros líderes religiosos se encuentran entre los muchos que han sido detenidos injustamente, abusados y exiliados forzosamente por la dictadura de Murillo-Ortega. Esta designación pone en aviso a los funcionarios nicaragüenses: participar en la represión de la dictadura y las violaciones de derechos humanos conlleva consecuencias», expresó.
La advertencia pública coloca bajo escrutinio a los ejecutores de la represión, más allá de las máximas autoridades encabezadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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