CIDH dicta medidas urgentes por riesgo a la vida de cuatro indígenas mayangnas presos en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares urgentes a favor de cuatro indígenas mayangnas encarcelados en Nicaragua y exigió al Estado proteger su vida, su integridad personal y su salud ante un riesgo que calificó de grave e irreparable.
La Resolución 9/2026, emitida el 4 de febrero, reconoce como beneficiarios a Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith, una familia de la comunidad Musawas que ejercía labores de guardabosques y defensa territorial en la Costa Caribe. Los cuatro cumplen condenas de 25 años de cárcel en el penal de máxima seguridad Jorge Navarro, conocido como La Modelo, tras acusaciones vinculadas al caso de la masacre de Kiwakumbaih.
La CIDH concluyó que los detenidos enfrentan una situación de «gravedad, urgencia e irreparabilidad» por las condiciones de encierro y por el deterioro de su salud física y mental. La Comisión señaló además que Nicaragua no respondió a la solicitud de información enviada en diciembre de 2025, lo que dejó sin explicación oficial las denuncias sobre su situación.
La CIDH exige protección inmediata y atención médica
El organismo interamericano ordenó al Estado nicaragüense adoptar medidas inmediatas para proteger la vida y la integridad de los cuatro presos, tomando en cuenta su condición de integrantes de un pueblo indígena. También pidió asegurar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales.
Entre las acciones exigidas figuran garantizar acceso continuo a agua potable, alimentos suficientes y de calidad, así como realizar de inmediato una valoración médica integral y brindar atención y tratamiento especializado. La Comisión ordenó además informar los resultados médicos a familiares y representantes.
La CIDH exigió prevenir amenazas, hostigamiento o agresiones dentro del penal y prohibir represalias por comunicarse en su idioma indígena. También pidió que el Estado acuerde las medidas con los beneficiarios y sus representantes e informe en un plazo de 20 días sobre los avances y sobre cualquier investigación relacionada con los hechos denunciados.
Detenciones tras el caso Kiwakumbaih
La resolución describe que la Policía capturó a los cuatro indígenas el 13 de agosto de 2023 durante un operativo en su vivienda en Musawas. Dos días después, autoridades los presentaron públicamente como integrantes de una supuesta estructura criminal denominada «Bruno».
En febrero de 2024, un juzgado de Managua los declaró culpables por delitos vinculados a crimen organizado y armas, entre otros cargos, y les impuso penas de 25 años de prisión. La CIDH recogió cuestionamientos de debido proceso, entre ellos barreras lingüísticas, falta de acceso oportuno al expediente y limitaciones a la defensa.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria emitió en 2025 una opinión en la que calificó la privación de libertad como arbitraria y señaló que el juicio se desarrolló solo en español, pese a que los acusados tienen como lengua materna el mayangna, lo que limitó su comprensión del proceso.
Denuncias por condiciones de encierro y salud
La CIDH valoró reportes sobre condiciones de encierro que incluyen celdas de máxima seguridad con calor extremo, plagas de insectos, acceso limitado al agua y alimentación insuficiente. Según la información recibida, los detenidos duermen en el suelo y reciben comida una sola vez al día.
La Comisión también citó denuncias de castigos y amenazas por solicitar atención médica o por hablar en su idioma indígena. Entre las afectaciones de salud reportadas figuran infecciones, dolores crónicos, desmayos, pérdida de peso y episodios de sangrado.
La CIDH consideró que la falta de atención médica oportuna, sumada a las condiciones de detención y a la situación de aislamiento, coloca a los cuatro indígenas en un escenario de especial vulnerabilidad que exige intervención inmediata.
Violencia y criminalización contra indígenas
El organismo situó el caso dentro del contexto de violencia sostenida contra comunidades indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua, marcado por invasiones de colonos armados, ataques a territorios ancestrales y criminalización de líderes y guardabosques comunitarios.
La CIDH recordó que la masacre de Kiwakumbaih, ocurrida en agosto de 2021 en el territorio Mayangna Sauni As dentro de la reserva Bosawás, dejó múltiples víctimas indígenas. Según la información recopilada por el organismo, sobrevivientes señalaron a colonos armados como responsables, pero las autoridades procesaron a integrantes de comunidades indígenas.
La Comisión subrayó que ya otorgó medidas cautelares a otros indígenas presos por hechos relacionados con ese caso y que la Corte Interamericana también ha dictado medidas provisionales en situaciones similares. En su análisis, concluyó que la situación actual de los cuatro guardabosques mayangnas evidencia un riesgo real y exige acciones urgentes del Estado.
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