Corte de Estados Unidos revalida la revocación definitiva del TPS para nicaragüenses

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con el fallo de tres jueces, validó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que avance con el proceso de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Nicaragua, Honduras y Nepal.

El panel, compuesto por el juez de circuito estadounidense Michael Hawkins, designado por Bill Clinton; la jueza de circuito estadounidense Consuelo Callahan, designada por George W. Bush; y el juez de circuito estadounidense Eric Miller, designado por Donald Trump, revocó lo dictado por la jueza federal Trina L. Thompson, quien el 31 de julio a través de una resolución frenó la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 persona originarias de los países en cuestión.

El fallo del tribunal argumenta que el gobierno de Donald Trump demostró una «probabilidad de éxito» en sus argumentos legales y sostuvo que la continuidad del TPS causaría un «daño irreparable» a la autoridad del Ejecutivo para gestionar la política migratoria.

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La secretaria del DHS, Kristi Noem, celebró el fallo del Noveno Circuito e indicó que el programa fue «abusado para permitir la entrada de criminales y amenazas a la seguridad nacional», en referencia a su continuidad durante varios años.

Noem, a través de su cuenta de X, sostuvo además que la situación en Nicaragua, Honduras y Nepal ha mejorado lo suficiente como para cerrar un programa que, según indicó, «nació como una designación temporal» y que, a juicio de la administración, ya no se justifica mantener.

El TPS fue concedido a ciudadanos nicaragüenses tras el paso del huracán Mitch en octubre de 1998, considerado el segundo más letal del Atlántico, con un saldo de casi 4.000 muertos en Nicaragua. En el caso de los nepalíes en 2015, luego de un terremoto que dejó miles de muertos.

Según datos oficiales, alrededor de 51.000 hondureños, 7.000 nepalíes y casi 3.000 nicaragüenses están actualmente amparados por el programa.

Muchos de sus beneficiarios llevan más de 20 años viviendo en Estados Unidos, con hijos nacidos en el país y vínculos familiares profundos.

Desde entonces, el estatus ha permitido que miles de personas vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos, bajo la premisa de que las condiciones extraordinarias que motivaron la protección eran de carácter temporal.