Régimen estrenará feriado nacional con la liberación de 1.200 presos comunes

El régimen de Daniel Ortega inaugurará su nuevo feriado nacional con una excarcelación masiva de, al menos, 1.200 reos comunes que saldrán de prisión este próximo 2 de febrero.

La medida fue anunciada por la copresidenta Rosario Murillo, este jueves, 29 de enero, durante su alocución a través de medios de propaganda oficial.

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«Queremos también decir que, para conmemorar el Día Nacional de Reconciliación y Paz, estarán recibiendo beneficios legales de convivencia familiar 1.200 personas que han permanecido en distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional», dijo Murillo.

Según el anuncio, los reos y reclusas beneficiados se encuentran en los principales centros penitenciarios del país: 469 reos guardan prisión en el Centro Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, 191 en Matagalpa, 179 en Bluefields, Caribe Sur; 142 en Juigalpa, 124 en Granada, 71 en Chinandega, 67 en Estelí y 57 en León.

Liberaciones sin control

Desde el discurso del régimen, la excarcelación es presentada como un gesto de reconciliación y una «segunda oportunidad» para quienes cumplieron parte de sus condenas.

Sin embargo, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han reiterado su preocupación ante este tipo de liberaciones colectivas, al advertir que una parte significativa de los beneficiados reincide en delitos graves.

En pronunciamientos previos, estos colectivos han señalado que entre los excarcelados suele haber hombres condenados por violencia intrafamiliar, agresiones sexuales y otros delitos que colocan en riesgo a mujeres y niñas.

«Liberar sin garantizar controles, ni acompañamiento real, sin información pública clara sobre los criterios aplicados, es una amenaza, no un acto de paz», han advertido en reiteradas ocasiones.

Femicida de Managua había sido indultado

Esta misma semana se registró en Managua el primer femicidio de 2026. Ileana Jaqueline Ramírez, de 40 años, fue asesinada a manos de su expareja, Yasser Domingo Vílchez Lorente, quien pese a contar con denuncias previas y procesos judiciales abiertos, permanecía en libertad.

Desde sectores del movimiento feminista, una vocera, que prefirió mantener el anonimato, denunció que el femicidio de Ileana es una muestra más de cómo las instituciones del Estado, que responden a los intereses del régimen, minimizan la violencia machista, pues su agresor también había sido indultado bajo el régimen de convivencia familiar seis meses atrás.