Justicia de Ortega declara culpable por lavado de dinero a Bayardo Arce y a su asistente Ricardo Bonilla
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del régimen de Nicaragua anunció este martes que el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua dictó la Sentencia N.° 01-2026, mediante la cual se declaró la responsabilidad penal de Bayardo Arce Castaño, excomandante de la revolución sandinista y exasesor económico de Daniel Ortega, y de Ricardo Bonilla Castañeda, por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado.
Según la nota oficial, la autoridad judicial sandinista consideró plenamente acreditado que ambos acusados participaron de forma «concertada y continuada» en un esquema estructurado de ocultamiento, administración y circulación de fondos de origen ilícito, provenientes —según el fallo— de defraudación tributaria, utilizando sociedades mercantiles, cuentas bancarias y operaciones financieras destinadas a disimular el origen y destino del dinero.
La PGJ sostiene que estas acciones «afectaron gravemente la transparencia del sistema financiero nacional y los intereses patrimoniales del Estado».
Un entramado financiero de gran escala
De acuerdo con la sentencia citada por la Procuraduría, durante el juicio oral y público se valoraron pruebas documentales, periciales y testificales que habrían permitido establecer la existencia del delito, la participación directa de los acusados y la trazabilidad financiera de los recursos ilícitos.
Entre las modalidades señaladas que le atribuyen a Arce y Bonilla, figuran el uso de testaferros, mediante el reclutamiento de empleados y terceros para que aparecieran como socios de empresas fachada; una Ingeniería societaria ilícita, con la identificación de 49 sociedades mercantiles, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital supuestamente ilícitos; y Lavado de dinero, a través de préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
La PGJ afirma que el esquema habría permitido integrar capitales ilícitos por montos de hasta 2,713 millones de dólares y 82,344 millones de córdobas, cifras que el régimen atribuye directamente a los acusados Arce y Bonilla.
Decomisos y cancelación de sociedades
Como parte de las medidas resarcitorias, dice la Procuraduría, bajo el mando directo de Ortega y Murillo, el juzgado ordenó la cancelación de sociedades mercantiles y el decomiso de bienes, en aplicación de la Ley N.° 735 sobre crimen organizado y administración de bienes incautados.
Además, la Procuraduría señaló como coautores del delito a Amelia Ybarra y Amílcar Manuel Ybarra, quienes —según la institución— se encuentran en condición de prófugos, por lo que la causa judicial contra ellos permanece abierta.
Los hermanos Amelia y Amílcar Ybarra salieron del país en diciembre pasado y denunciaron perseción. Ambos son esposa y cuñado de Arce Castaño, respectivamente. Tras la fuga de Nicaragua, los hermanos Ybarra denunciaron que Arce es un prisionero político y que está recluido en condiciones de aislamiento total, enfermo y bajo riesgo de morir en la prisión.
Bayardo Arce, el operador financiero del FSLN por décadas
Bayardo Arce Castaño es uno de los nueve comandantes históricos de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y una figura relevante del sandinismo desde los años setenta. Participó activamente en la lucha armada contra la dictadura de Anastasio Somoza y fue parte del núcleo dirigente que asumió el poder tras el triunfo de la revolución en 1979.
Durante los años ochenta ocupó posiciones de alto nivel dentro del aparato político del FSLN y, tras la derrota electoral de 1990, se mantuvo como uno de los operadores estratégicos del partido. Fue diputado sandinista en la Asamblea Nacional entre 1996 y 2006.
Con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007, Arce se convirtió en asesor económico presidencial, desempeñando durante años un papel central como operador político-financiero del régimen y enlace con sectores empresariales nacionales e internacionales. Su figura fue clave en el modelo corporativista impulsado por Ortega hasta antes de la crisis de 2018.
En julio del 2025, Arce fue detenido y su casa fue allanada por la Policía, por órdenes directas de Ortega y Murillo. Desde entonces la dictadura a la que sirvió lo declaró un delincuente y lavador de dinero.
Las disputas internas entre miembros de organizaciones criminales suelen culminar en consecuencias negativas. El señor Bayardo Arce estableció un sistema de lavado de dinero para la familia Ortega mediante el uso de empresas ficticias para desviar préstamos de bancos que nunca fueron reembolsados, los cuales fueron posteriormente asumidos por el Estado de Nicaragua tras el cierre de varios bancos debido a estos préstamos impagos. Actualmente, el principal operador político-criminal de Bayardo Arce está enfrentando las consecuencias legales que tanto promovió contra aquellos que no se alinearon con su política dictatorial, incluyendo a su exesposa, la señora Mónica Baltodano, con quien tiene un hijo, Bayardo Arce, quienes también han sido víctimas de la justicia sicaria de la nueva dictadura instaurada por los individuos que actualmente se encuentran en el exilio.