800.000 nicaragüenses han sido forzados al exilio desde 2018, denuncia colectivo de derechos humanos
Más de 800.000 nicaragüenses han abandonado el país desde 2018 como resultado de la represión política, la falta de libertades y el cierre sistemático de los espacios democráticos, según datos del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
La organización, que hizo la denuncia en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, advirtió que se trata de un éxodo sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua y lo vincula directamente con la violencia estatal desatada tras las protestas de abril de 2018.
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«La migración nicaragüense no es una elección libre, es el resultado directo de años de represión sistemática, hostigamiento y persecución política», señaló el colectivo en su posicionamiento público.
De acuerdo con el organismo, las personas que han salido del país buscan refugio y oportunidades que hoy no encuentran en Nicaragua debido a la persecución política y a la ausencia de garantías básicas.
El Colectivo responsabiliza al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de las graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la muerte de al menos 355 personas durante las protestas de 2018.
El exilio no es un acto de elección
Además del desplazamiento masivo, el Colectivo documenta el cierre y confiscación de 5.651 organizaciones de la sociedad civil y 41 universidades, así como la desnacionalización de 492 personas.
A esto se suma el exilio forzado de más de 307 periodistas y un número similar de religiosos, junto al despojo de cientos de propiedades privadas. «Nicaragua pierde así su recurso primordial, que es el valor humano», advierte la organización.
La política de destierro y confiscación, valorada en al menos 250 millones de dólares, ha profundizado la separación de familias y comunidades enteras, provocando que nuevas generaciones crezcan fuera del país en condiciones de precariedad y discriminación.
«El exilio, en el caso de las dictaduras como la de Nicaragua, no es un acto de elección voluntaria, sino una forma de supervivencia frente a la violencia estatal», subrayó el Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Piden reconocer el destierro como política de Estado
La organización denunció que quienes documentan y denuncian violaciones a los derechos humanos enfrentan criminalización, desnacionalización y una forma de apatridia de facto, al impedirles el ingreso al país por decisiones administrativas.
El Colectivo llamó a la comunidad internacional a no abandonar al pueblo nicaragüense y a reconocer el destierro como una política de Estado.
«La migración forzada es un testimonio de la represión en Nicaragua, pero también de la esperanza de volver para reconstruir un futuro en libertad y justicia».
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