Justicia de Costa Rica admite a organizaciones del exilio como parte en proceso de deportación contra opositor nicaragüense
El Poder Judicial de Costa Rica admitió formalmente a organizaciones opositoras y de derechos humanos del exilio nicaragüense como coadyuvantes en el proceso de deportación que enfrenta el agricultor y activista Pedro Javier Fernández Sandoval, a solicitud del Estado de Nicaragua.
La incorporación quedó establecida en la Resolución No. 2025-2044, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, luego de una petición presentada por las propias organizaciones. Con esa decisión, la justicia costarricense reconoció a los colectivos como parte del proceso, con facultades para intervenir y aportar información relevante que ayudará a determinar si envía a Managua a un reconocido opositor, cuya vida correría serio riesgo en manos de la dictadura de los Ortega-Murillo.
Las organizaciones admitidas como coadyuvantes en este proceso son el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN), el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía (Movimiento Campesino), la Resistencia Campesina Azul y Blanco, el Centro de Derechos Humanos Pastorales de Migrantes, la Asociación Mayangna para el Desarrollo Social, el Movimiento Costeño Autoconvocado.
Adicionalmente, estarán la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, Nicaragüenses en el Mundo Texas, la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, el Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses y la Unidad Nacional Azul y Blanco, además de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
Una solicitud de deportación impulsada por el régimen de Nicaragua
El caso se originó a partir de una petición de deportación promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra Fernández Sandoval, un opositor que reside en Costa Rica desde hace varios años. Las organizaciones sostienen que la solicitud responde a motivaciones políticas y forma parte de una estrategia de persecución contra el exilio nicaragüense.
Desde su admisión como coadyuvantes, los colectivos informaron al tribunal que Fernández Sandoval es un opositor pacífico, vinculado a organizaciones campesinas y del exilio, y que el régimen lo involucra de manera arbitraria en hechos en los que no participó.
Las organizaciones pasan a ser parte formal del proceso
La resolución judicial marcó un cambio sustancial en el expediente. Las organizaciones dejaron de actuar únicamente como denunciantes externas y pasaron a integrarse formalmente al proceso de deportación, con reconocimiento expreso del tribunal.
Desde ese rol, presentaron ante la justicia costarricense su análisis sobre el contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua, con énfasis en la ausencia de independencia judicial y el uso del sistema penal como instrumento de represión política.
Tortura, desaparición forzada y uso de las cárceles como castigo político
Las organizaciones aportaron al expediente informes de organismos nacionales e internacionales que documentan tortura física y psicológica, tratos crueles, aislamiento extremo y desapariciones forzadas en centros de detención nicaragüenses.
Entre los documentos citados figuran informes del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, del Grupo de Expertos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que describen la aplicación sistemática de estos métodos desde las protestas de abril de 2018.
También señalaron casos recientes en los que el régimen entregó cadáveres de personas detenidas sin informar las causas de muerte y negó durante meses información a sus familiares.
Persecución transnacional y uso indebido de mecanismos internacionales
En su intervención como coadyuvantes, las organizaciones advirtieron a la justicia tica que el régimen nicaragüense desarrolla una política de persecución transnacional, que incluye el uso indebido de notificaciones rojas y difusiones de Interpol para hostigar a opositores fuera del país.
Como antecedente, recordaron el caso de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, deportado desde Costa Rica en 2024, quien permanece incomunicado en una cárcel de máxima seguridad en Nicaragua. La CIDH otorgó medidas cautelares ante la falta de información oficial sobre su paradero y estado de salud.
El principio de no devolución en el centro del proceso
Las organizaciones solicitaron al tribunal aplicar el principio de no devolución, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica, que prohíbe devolver a una persona a un país donde enfrenta riesgo de tortura, desaparición forzada o persecución política.
Argumentaron que una eventual deportación colocaría a Fernández Sandoval en riesgo inmediato, porque en Nicaragua no existen garantías judiciales ni mecanismos efectivos de protección.
Un precedente para el exilio nicaragüense
Los colectivos pidieron la libertad inmediata de Fernández Sandoval y la restitución de su derecho a la libre circulación. Advirtieron que el proceso puede sentar un precedente relevante para miles de nicaragüenses exiliados que enfrentan solicitudes similares como parte de la política de intimidación del régimen sandinista desde Managua.
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