¿Quiénes son los candidatos a magistrados judiciales de la dictadura Ortega-Murillo?
La crisis interna y permanente del sistema judicial nicaragüense volvió a quedar expuesta tras la «renuncia» de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una semana, un movimiento que reduce a solo tres los integrantes activos del máximo órgano judicial.
La más reciente purga se llevó por delante a figuras que tenían años de trayectoria y de fidelidad dentro del sistema judicial. Este 25 de noviembre, fueron removidos del cargo los magistrados Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez.
Este cambio lo antecedió la remoción de las magistradas Yadira Centeno y Ellen Lewin, quienes ya estaban relegadas de sus funciones.
Tras estas «renuncias», el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una nueva lista de postulados para llenar las vacantes, en un intento por reconfigurar el Poder Judicial, que tras la purga iniciada en 2023 y, tras la reforma constitucional de este año, ha quedado reducido a tan solo un órgano bajo el control total del binomio dictatorial.
La composición de esta nueva lista muestra una continuidad del patrón observado en otras instancias: premiar la obediencia política y desplazar a quienes ya cumplieron su ciclo dentro del engranaje represivo.
Sancionados, corruptos y alineados al FSLN
De fiscal a magistrada. Ana Julia Guido Ochoa encabeza la lista de postulados a la CSJ. La exfiscal general fue una pieza clave del Ministerio Público desde 2007, desempeñándose omo fiscal adjunta y ascendió a fiscal general en 2014.
Guido Ochoa enfrenta fuertes señalamientos por parte del Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua, que en su informe del 3 de abril de 2025 la responsabilizó de violaciones graves a los derechos humanos en el contexto de la represión estatal.
Tras la reforma constitucional que eliminó el Ministerio Público y creó la Procuraduría General de Justicia, Guido perdió su espacio político privilegiado, aunque se considera una funcionaria de absoluta confianza para Daniel Ortega.
De Corn Island a la Corte Suprema de Justicia. Shura Bonilyn Welcome Crawford fue nombrada en 2014 como jueza del Juzgado Local Único del municipio Corn Island, cargo en el que afirmó que su objetivo era «recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia». Su trayectoria ha sido más discreta en comparación con otros postulados, aunque se le reconoce cercanía política con estructuras locales alineadas al Frente Sandinista.
José Manuel Fuertes Toledo fue secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Boaco hasta junio de este año. Investigaciones periodísticas independientes, señalan que por este cargo recibía un salario mensual de 1.170.05 dólares con dinero provenientes del Estado.
Su perfil es abiertamente político, más que técnico o judicial y su inclusión entre los postulados confirma la línea del régimen de priorizar la fidelidad partidaria sobre experiencia en justicia.
En 2018, durante la brutal represión y la ejecución de la «Operación Limpieza», Fuerte fue señalado de ser el responsable de atacar con ácido a un grupo de manifestantes opositores.
Reciclan a magistrados verdugos de opositores
En la lista de postulados aparecen dos ex magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua. El primero es Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) en abril de 2023 por su presunta participación en violaciones a los derechos humanos.
Washington lo señaló por su rol en la resolución que despojó de la nacionalidad a 94 nicaragüenses críticos del gobierno, declarándolos «traidores a la patria». Como consecuencia de estas sanciones, sus bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados.
Rodríguez Mejía es señalado de reprimir a presos políticos, antes, durante y después de abril de 2018. También fue el encargado de dictar varias condenas, como la de Brandon Lovo y Glen Slate, condenado a 23 y 12 años de cárcel por el asesinato del periodista Ángel Gahona.
Inició su carrera judicial en 2003, cuando lo nombraron juez de audiencias en Matagalpa, pero en 2005 fue trasladado a Managua como juez Tercero Local Penal.
Según reportes periodísticos, su nombre se hizo conocido a raíz de su participación en distintos procesos judiciales. En ellos, se le atribuye haber condenado a los concejales opositores Leonel Teller y Luciano García por cargos de injurias y calumnias, en el contexto de sus críticas a las gestiones municipales del sandinismo.
El exmagistrado y presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Ernesto Rothschuh Andino, también figura en la lista. Al igual que Rodríguez Mejía fue sancionado el 19 de abril de 2023.
EE. UU. lo responsabiliza de ser el vocero de la deportación y el despojo de nacionalidad de 222 nicaragüenses el 10 de febrero de ese mismo año. Además lo señala como participante activo en la represión contra opositores.
El funcionario, al servicio del régimen de Nicaragua, cuenta con 30 años de trayectoria. Rothschuh es uno de tres tres funcionarios que ordenaron la excarcelación de Pierson Gutiérrez Solís, quien en 2018 mató a balazos a la estudiante brasileña, Raynéia Gabrielle Lima.
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