AUN denuncia que su integrante Octavio Caldera fue secuestrado por policías vestidos de civil desde agosto

La organización opositora Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) hizo pública este lunes, 17 de noviembre, la denuncia sobre la detención arbitraria de Octavio Caldera, miembro de esa agrupación juvenil.

Según señalan en redes sociales, Caldera fue detenido el pasado 13 de agosto por agentes policiales vestidos de civil. Culpan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su desaparición forzada.

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Reseñan que el miembro de AUN es un estudiante de contabilidad de 25 años originario de Masaya. La organización sostiene que, desde el momento de su captura, las autoridades han negado información sobre su paradero, situación que califican como una desaparición forzada.

«Responsabilizamos al régimen de Ortega y su aparato de seguridad quienes desde el 13 de agosto han negado su paradero. ¡Libertad para Tavo!», expresó en X Lesther Alemán, miembro de la agrupación y excarcelado político.

Un patrón de represión prolongada

La denuncia se suma a un contexto de represión sostenida en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales que desencadenaron una fuerte respuesta policial, militar, parapolicial y estatal.

Desde entonces, organismos nacionales e internacionales han documentado detenciones arbitrarias, hostigamiento a opositores y el encarcelamiento de críticos del régimen. La desnacionalización, el exilio y la represión transnacional también forman parte de la violencia extendida.

AUN demandó al Estado nicaragüense informar de inmediato sobre el paradero del joven y garantizar su integridad. Asimismo, hizo un llamado a organismos internacionales a mantenerse vigilantes ante lo que describen como «una escalada de desapariciones y detenciones selectivas contra la juventud opositora».

Más de 70 presos políticos

El más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas hasta finales de octubre de 2025 notificó que 77 personas continuabas encarceladas por motivos políticos.

Según el documento, 36 de los detenidos están en condición de desaparición forzada, una situación que preocupa tanto a organismos nacionales como internacionales.

«Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal», advirtió la organización.