Corte IDH responsabiliza a Nicaragua por la desaparición forzada del coronel Silva Reyes en 1983
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró responsable al Estado de Nicaragua por la desaparición forzada del coronel retirado José Ramón Silva Reyes, ocurrida en 1983 y señaló graves incumplimientos estatales en la investigación del caso que se ha extendido por más de cuatro décadas.
En una sentencia notificada el 13 de noviembre, el tribunal concluyó que Silva Reyes fue víctima de desaparición forzada desde el momento en que agentes de la entonces Dirección General de Seguridad del Estado, el instrumento de espionaje y linchamiento del sandinismo de los 80, lo privaron de su libertad el 30 de octubre de 1983.
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Según el fallo, esa detención se produjo después de que el militar retirado fuera «inducido a salir de la Embajada de Guatemala en Managua, mediante engaños», como parte de una operación atribuida a la DGSE, de acuerdo con la reconstrucción oficial del caso. La Corte subrayó la falta de colaboración del Estado para esclarecer lo ocurrido.
«El Estado de Nicaragua no ha proporcionado información alguna sobre el paradero del señor Silva Reyes, limitándose a sostener que habría escapado de la embajada, sin registro oficial de detención o liberación (…) La detención se produjo sin orden judicial y en condiciones de clandestinidad, lo que constituyó una privación arbitraria de libertad», señaló la CIDH, citada por EFE.
Un caso marcado por la persecución política
De acuerdo con la demanda presentada por la CIDH, Silva Reyes, coronel en retiro de la Guardia Nacional, buscó asilo político en la embajada de Guatemala tras el triunfo de la Revolución Sandinista en julio de 1979.
Permaneció resguardado allí hasta 1983, periodo en el que solicitó salvoconductos en reiteradas ocasiones, sin recibir respuesta.
«Al ocurrir en un contexto de represión y persecución de exmiembros de la Guardia Nacional, la víctima quedó expuesta a un riesgo real de sufrir violencia y ejecución, lo que implicó la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal», dijo a CorteIDH según citó EFE.
El tribunal también determinó que Nicaragua «incumplió su deber de investigar y buscar el paradero de la víctima, a pesar de haber tenido conocimiento de los hechos desde al menos 1990».
La sentencia destaca que la falta de acciones efectivas configuró violaciones a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la verdad de los familiares.
El fallo indica que la desaparición causó «afectaciones profundas y prolongadas» en la familia de Silva Reyes, quienes han soportado más de 40 años de incertidumbre, estigmatización y sufrimiento emocional.
La sentencia ordena reparaciones y medidas de búsqueda que el Estado aún no ha comentado públicamente.
Y los desaparecidos, torturados y desaparecidos por este esbirro quien los defiende. Habrá una Corte Internacional que los recuerde.
La moderación también debe desaparecer. Atenta contra la libre expresion la que Uds., tantas veces reclaman.