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vie. 9 oct.
Nacionales

Sandinistas persiguen a conductores de InDrive para quedarse con el negocio del transporte digital a través de la app Ray, en alianza con taxistas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueó la entrada de Uber en 2017 con el argumento de “proteger a los taxistas”, pero ocho años después usa ese mismo discurso para perseguir a los conductores de InDriver y favorecer a una nueva aplicación llamada Ray, creada por empresarios cercanos al poder, en alianza con cooperativas de taxis
Por Artículo 66 noviembre 11, 2025

Desde octubre de 2025, el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) y la Policía Nacional mantienen operativos contra los conductores que trabajan con la aplicación InDrive, bajo el argumento de que ofrecen “servicios ilegales”.

En estos operativos, los agentes imponen multas, retienen vehículos y bloquean cuentas en la plataforma. Para muchos conductores, trabajar con InDrive se ha vuelto un riesgo. Basta con aceptar un viaje para exponerse a una cita trampa montada por las autoridades.

Detrás de esta ofensiva, según fuentes del sector, hay un interés económico y político. Quieren dejar el camino libre para la app Ray, una aplicación nacional que opera sin trabas y con respaldo institucional. En otras palabras, el Estado persigue a unos para favorecer a otros.

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Ray está registrada bajo la razón social «Sistema Inteligente de Aire Acondicionado e Iluminación, S.A.», un nombre que no tiene ninguna relación con el transporte. En la práctica, se trata de una empresa que conecta a pasajeros con conductores, pero que ha recibido trato preferencial por parte del Irtramma, el mismo ente que castiga a sus competidores.

Su registro mercantil y la forma en que se presenta en Google Play confirman una estructura poco transparente, que se sostiene gracias a la protección política. Mientras InDriver es criminalizada, Ray goza de publicidad gratuita en medios oficialistas y de una libertad operativa que nadie más tiene.

Uno de los propietarios de Ray es Augusto César Sandino, quien en declaraciones ofrecidas al canal Vos TV el 18 de marzo de 2021, afirmó que las plataformas internacionales como InDrive «no ofrecen mecanismos de seguridad para los usuarios» porque no están reguladas por el Irtramma.

Sandino explicó que, en su empresa, «lo primero que se hace es solicitar récord de Policía al conductor, pedir la placa del taxi con su concesión, y asegurarse de que el vehículo sea del año 2010 en adelante, con aire acondicionado y capacitación en servicio al cliente». Según él, eso garantiza confianza, aunque en la práctica ese argumento se usa para cerrar el mercado a cualquier otra aplicación.

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El otro socio, Maynor Castillo, también brindó declaraciones a Vos TV en esa misma publicación. En esa entrevista dijo que los conductores asociados a Ray «han invertido millones de dólares para brindar una mejor experiencia» y que las aplicaciones como InDriver «afectan a personas honorables que trabajan bajo la ley».

Sin embargo, mientras Castillo defiende la “formalidad”, la realidad es que Ray amplía su presencia sin restricciones, mientras los demás son hostigados o sancionados.

Vínculos con Fidel Moreno

Fuentes del sector transporte confirmaron a Artículo 66 que Maynor Castillo mantiene vínculos con Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y uno de los principales operadores políticos del Frente Sandinista.

Según la fuente, Castillo «no pertenece al círculo más cercano de Moreno, pero sí está bajo su protección». Ese respaldo, explica, le ha permitido desarrollar pequeños negocios con aval del régimen y convertirse en el rostro visible de la aplicación que ahora monopoliza el transporte digital en Managua.

Los mismos taxistas que en 2017 se opusieron a la llegada de Uber ahora se han convertido en aliados del nuevo modelo impulsado por el régimen.

«Al principio fue por miedo a la competencia», comenta un conductor consultado, «pero ahora muchos trabajamos bajo Ray porque el Irtramma los respalda y nos deja circular tranquilos, aunque Ray se queda con la comisión». Esa alianza entre funcionarios municipales, empresarios sandinistas y cooperativas de taxis ha creado lo que los propios conductores describen como una competencia amañada, donde solo gana quien tiene el aval político.

En el fondo, este sistema está protegido por el esquema de control político y económico del régimen, que se ha extendido a todos los sectores, incluso al transporte selectivo. La dictadura no solo controla el poder político, sino que también se entromete en los negocios y concentra los beneficios en manos de sus allegados.

Lo que ocurre con Ray forma parte de un modelo donde cualquier negocio importante en Nicaragua debe tener aval o conexión con los grupos de testaferros y operadores económicos del Frente Sandinista, como en este caso, bajo la sombra de Fidel Moreno.

Así, el transporte digital se ha convertido en otro espacio controlado desde arriba, donde la movilidad, la competencia y la innovación quedaron subordinadas a los intereses de quienes manejan el poder.

ARTÍCULO 66 es un medio de comunicación nicaragüense que trabaja desde el exilio debido a la persecución del Estado contra la prensa independiente. Algunas de nuestras informaciones no revelan la identidad de nuestras fuentes ni están firmadas por nuestros periodistas por razones de seguridad.

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