Negación de asilo en EE. UU. a Yadira Córdoba pone en «riesgo su vida» con deportación a Honduras

Un juez de inmigración en Estados Unidos negó la solicitud de asilo político presentada por Yadira Córdoba Obando, una de las integrantes de la organización Madres de Abril (AMA), y ordenó su deportación hacia Honduras, lo cual podría significar un alto riesgo para su vida.

La organización Liberales Nicaragua denunció que esa decisión colocaría a la opositora como blanco de ataque del régimen sandinista. Córdoba ha sido víctima de persecución por parte de la dictadura.

En la nota oficial, la organización indicó que la resolución judicial «niega la petición de asilo político interpuesto por Doña Yadira en su calidad de víctima directa y perseguida política del régimen sandinista, así como ordena su deportación a Honduras». Ante esto, expresó su profunda preocupación por las implicaciones de esta decisión en la seguridad y la vida de Córdoba.

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El grupo opositor manifestó su solidaridad con la activista y lamentó que el fallo judicial «expone en grave riesgo la vida de Doña Yadira, además de generar incertidumbre, desesperanza y gran preocupación en la comunidad de exiliados políticos perseguidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo».

Yadira Córdoba es madre del joven Orlando Córdoba, asesinado por fuerzas parapoliciales de francotiradores del régimen durante las protestas de 2018. Por ello, el movimiento consideró su caso como emblemático dentro de la represión estatal ejercida contra familiares de víctimas y opositores políticos.

Liberales Nicaragua advirtió que la negativa de asilo a Córdoba «se suma a centenares de otros casos de denegación de asilo político a opositores a la dictadura sandinista, cuyas vidas corren peligro en países donde el régimen mantiene redes de sicarios políticos y vínculos con carteles del narcotráfico para ejecutar operaciones de eliminación de opositores».

En el documento, la agrupación instó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y a los fiscales que tramitan casos de deportación a «valorar detenidamente cada caso de peticionario de asilo político nicaragüense» y a considerar los riesgos a la vida y seguridad que enfrentan los exiliados por decisiones judiciales adversas.

La organización cerró su comunicado reiterando que la decisión judicial contra Yadira Córdoba refleja el desamparo en el que se encuentran cientos de nicaragüenses que huyeron de la represión del régimen de Ortega-Murillo. Enfatizó que negar el asilo político a personas perseguidas «equivale a devolverlas al peligro», en un contexto donde la represión, el encarcelamiento y el exilio forzado siguen siendo las principales herramientas del poder en Nicaragua.