CIDH emite medidas cautelares a favor Álvaro Baltodano, exasesor de Ortega, y otras 10 personas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 74/2025, en la que otorga medidas cautelares a favor de diez personas detenidas en Nicaragua, entre ellas el general en retiro Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, exministro asesor de Daniel Ortega para inversiones, comercio y cooperación internacional. El organismo considera que los beneficiarios enfrentan una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a su vida, salud e integridad personal.
Baltodano fue detenido en mayo de 2025 y, desde entonces, permanece incomunicado y sin acceso a defensa de confianza. Su hijo, Álvaro Baltodano Monroy, lo arrestaron dos meses después. La dictadura nunca confirmó oficialmente su paradero ni el estado de salud de ambos, pese a que versiones extraoficiales aseguran que el exasesor fue condenado en un juicio sumario a 20 años de prisión por supuesta «traición a la patria» y que se ordenó la confiscación de todos sus bienes.
De operador económico a prisionero del régimen
Durante años, Baltodano fue una figura de confianza dentro del círculo económico del sandinismo, encargado de atraer inversiones y de presidir la Comisión Nacional de Zonas Francas. Baltodano se convirtió en una de las primeras figuras de poder del círculo de hierro de Ortega al quien el tirano encerró y declaró públicamente como enemigo.
Tras su arresto, la dictadura anunció la cancelación de un contrato entre la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y la compañía Geotérmica Momotombo S.A., propiedad de la familia Baltodano. En ese contexto, el régimen amplió las acusaciones y los señaló de lavado de dinero, evasión fiscal e incumplimiento de contratos. Además, confiscó la generadora eléctrica que antes proveía energía al Estado.
La CIDH subraya en su resolución que no existe comunicación entre las personas detenidas y sus familiares, ni información oficial sobre su situación jurídica o estado de salud. Por ello, considera que la incomunicación y la falta de transparencia judicial agravan el riesgo y justifican la adopción inmediata de medidas de protección.
¿Qué ordena la CIDH a Nicaragua?
El organismo regional ordena al Estado nicaragüense determinar de inmediato la situación y paradero de los diez detenidos, informar si existen cargos formales o presentación ante autoridad judicial, y, de no ser así, aclarar los motivos de su detención sin supervisión judicial.
Además, exige garantizar el contacto regular con sus familiares y abogados, permitir la intervención de autoridades consulares cuando corresponda, y practicar valoraciones médicas integrales para asegurar el tratamiento de quienes lo necesiten. También ordena investigar los hechos que dieron origen a la resolución para evitar su repetición. El régimen debe informar en un plazo de 15 días las medidas adoptadas.
Otros beneficiarios
Junto a Baltodano Cantarero y su hijo, la resolución incluye a Octavio Enrique Caldera, Marvin Antonio Campos Chavarría, Chester Jeramil Cortez Narváez, Yerri Gustavo Estrada Ruiz, Larry Javier Martínez Romero, Antonio Mercado López, Luis Francisco Ortiz Calero y María José Rojas Arburola. Todos fueron detenidos entre mayo y agosto de 2025 y permanecen en paradero desconocido.
La CIDH sostiene que, mientras el Estado no proporcione información verificable sobre su ubicación y condiciones, la presunción de riesgo grave se mantiene, y Nicaragua está obligada a cumplir de inmediato las medidas de protección.
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