Álvaro Baltodano y su hijo, acusados por lavado de dinero, utilización de «20 sociedades de papel» y esconder fondos en paraísos fiscales

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó este 14 de agosto al general en retiro y exasesor presidencial para las inversiones, Álvaro Baltodano Cantarero, y a su hijo, Álvaro Baltodano Monroy, de encabezar un entramado de lavado de dinero, evasión fiscal y uso de empresas de papel para ocultar fondos en paraísos fiscales.

En la nota de prensa, la institución anunció que «se ha resuelto cancelar de manera definitiva el contrato de concesión de recursos geotérmicos entre el Estado nicaragüense y la Planta Geotérmica Momotombo, con efectos inmediatos».

Según la Procuraduría, «esta decisión se fundamenta en las evidencias recabadas por las autoridades de la Policía Nacional y esta Procuraduría General, que demuestran la vinculación directa de la empresa Momotombo Power Company con un entramado societario, que contemplaba la utilización de aproximadamente “20 sociedades de papel” (maletín: sin activos, ni presencia física significativa), diseñado por los acusados Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, Álvaro Antonio Baltodano Monroy y otros, para lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal contra la Hacienda Pública».

Acusan a Álvaro Baltodano de esconder dinero en paraísos fiscales

El comunicado añade que estas estructuras «se constituyeron mayoritariamente en jurisdicciones extranjeras, calificadas como paraísos fiscales por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)».

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas, según dice la PGJ en el mismo documento, «corroboró que la empresa Momotombo Power Company incumplió con su obligación de realizar inversiones que potenciaran la máxima operación del recurso geotérmico; que permitiera se alcanzara un nivel de producción de energía de 37-40 megavatios».

También, según la versión oficial, «se corroboró que la empresa Momotombo Power Company tampoco ejecutó las obras acordadas en el contrato para dicho fin».

La Procuraduría asegura que «las investigaciones policiales y del Ministerio de Energía y Minas revelaron que esta empresa no solo traicionó la confianza del pueblo y el Estado de la República de Nicaragua, sino que se valió de un recurso estratégico de la Nación como plataforma para concretar los propósitos criminales de los señores Álvaro Baltodano Cantarero y Álvaro Baltodano Monroy; lo que constituye una afrenta directa al patrimonio nacional, a la legalidad y al pueblo de Nicaragua».

El texto concluye amenazando que «en Nicaragua, quien utilice el sector energético o cualquier otro recurso del pueblo nicaragüense, para concretar propósitos delictivos, enfrentará el peso completo de la ley».

Silencio sobre futuro de la empresa de Álvaro Baltodano y sobre su condena por traición a la patria

La nota no detalla qué ocurrirá con la planta Momotombo, ni si continuará siendo operada por la familia Baltodano o sus empresas, o si, como han informado medios en días recientes, será confiscada y puesta bajo control estatal.

La PGJ tampoco aclara si el general Baltodano Cantarero, que ya está encarcelado y condenado a 20 años de prisión por el delito de «traición a la patria», será encausado por este nuevo delito, o si esta nota de la Procuraduría General de Justicia es solo el pretexto propagandístico para proceder con la confiscación de la empresa generadora de energía.