Régimen de Ortega «dona» cinco nuevas propiedades al INSS

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó el traspaso al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de cinco propiedades. Este traspaso se formalizó a través de los Acuerdos Presidenciales No. 160-2025 y No. 161-2025, publicados este martes, 7 de octubre, en La Gaceta, el Diario Oficial de Nicaragua.

Según los acuerdos, el objetivo de la donación es «fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses», «crear políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias» y «fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos».

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Sin embargo, la falta de transparencia en el manejo del INSS generan dudas sobre los verdaderos objetivos de estas transferencias patrimoniales.

Los acuerdos presidenciales también autorizan a la Procuradora General de Justicia a hacer las gestiones para suscribir las escrituras de donación ante la Notaría del Estado. Asimismo, autorizan al presidente del INSS, Roberto López, para que acepte la donación de estos bienes.

¿Qué propiedades se donan?

El Acuerdo No. 160-2025 mandata la donación de un inmueble ubicado en Managua, registrada bajo el número BI-2L261088, mientras que el Acuerdo No. 161-2025 contempla la entrega de cuatro propiedades localizadas en Matagalpa, registradas con el número de propiedad: BI-2L261CD1, BI-2L261CC5, BI-2L261CCF, BI-2L261CCM.

Sin embargo, no se especifica el valor real de las propiedades, ni se aclara el uso que se dará a estos bienes, más allá de una vaga mención a «proyectos» para la seguridad social.

Tampoco se indica si estas propiedades estaban bajo administración de otras instituciones, si representan activos estratégicos para el Estado o forman parte de la larga lista de propiedades confiscadas por el régimen, lo que genera inquietudes sobre posibles traslados de patrimonio público.

Una estrategia constante

La reasignación de propiedades por parte del régimen ha sido constante desde 2023. En agosto de 2024, se entregaron 72 inmuebles al INSS, seguida por una nueva transferencia de siete propiedades en febrero de 2025 y el pasado mes de agosto se asignaron otras cuatro entre Managua y Matagalpa.

Según especialistas, esta entrega de bienes al INSS es una estrategia para redirigir o «lavar» los bienes confiscados a opositores políticos y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con el monitoreo realizado por Artículo 66, la cifra total de propiedades confiscadas por el régimen desde 2018 asciende a un mínimo de 135, con un valor estimado que supera los 250 millones de dólares.