El jueves 23 de marzo de 2023, cuando el sol apenas había iluminado los techos de palma en Wilu, un grupo de colonos irrumpió en la comunidad. Sin mediar palabras, sino fuego y balas, incendiaron las viviendas, y  mientras estas ardían, también reducían a cenizas sus cultivos. El aire de aquella apacible comunidad ubicada en el corazón del territorio Mayangna se llenaba de humo, llanto y gritos desesperados. Una madre mayangna no tuvo más tiempo que correr con sus hijos en brazos para salvarlos. Solo pudo sacar una manta para cubrirlos. Al regresar, días después, solo encontró hecho ceniza lo que un día fue su hogar. La paz por la que un día lucharon sus ancestros, ya era solo un recuerdo.

Ese testimonio, incluido en un informe elaborado por las organizaciones Plataforma de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua-Diáspora (INANA) y  Raza e Igualdad, pone en claro que esa escena, repetida en distintas comunidades de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), marca la tragedia de un pueblo empujado al desplazamiento forzoso, a la sobrevivencia y a la lucha por preservar sus costumbres, su idioma, su cultura. Es parte del etnocidio que ejecutan los colonos con la venia del Estado administrado por el sandinismo, o más bien, por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lo que ocurrió en Wilu es el reflejo de un patrón cada vez más frecuente. Según denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y documentadas por organizaciones locales y por los propios comunitarios, en aquella jornada ardieron más de cincuenta viviendas y más de cincuenta familias tuvieron que huir. Las muertes de al menos cinco habitantes dejaron una herida abierta para siempre y convirtieron a Wilu en un símbolo de la violencia sistemática contra los pueblos originarios que solo es una de las muchas que ocurrieron antes y después.

La vida antes del fuego

Hasta aquel jueves violento, la vida en Wilu transcurría como en muchas comunidades mayangnas: los hombres se adentraban en la selva a cultivar maíz y frijoles, las mujeres molían yuca para el casabe, una especie de puré hecho de ese tubérculo; los niños y niñas corrían hacia la escuela comunal. Pero desde hacía meses se sabía que colonos armados merodeaban las parcelas, invadiendo tierras vecinas, talando y amenazando a quienes se atrevían a reclamar. Las denuncias ante las autoridades eran también constantes, pero la Policía y el Batallón Ecológico del Ejército, una unidad militar del cuerpo castrense fundada para resguardar las reservas naturales del país; con un desprecio criminal por la vida de los comunitarios, ignoraron las advertencias. La tensión era permanente, pero nadie imaginaba que esa madrugada se convertiría en el inicio de una guerra de exterminio contra las etnias originarias.

Un patrón de expulsión

El ataque de Wilu se suma a una cadena de episodios que, desde al menos 2020, han marcado los territorios mayangna y miskitu. En enero de 2020, por ejemplo, la comunidad de Alal sufrió una incursión similar que dejó asesinatos y desplazamiento forzoso. A lo largo de 2021 y 2022, distintas comunidades reportaron asesinatos de líderes jóvenes, amenazas colectivas y la quema de parcelas destinadas al sustento familiar. En agosto de 2022, la violencia regresó con fuerza al territorio Sauni As, y durante todo el año siguiente se documentaron nuevos incendios y desplazamientos en comunidades de difícil acceso. Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Human Rights Watch han advertido que estas agresiones se repiten con una lógica de arrancarlo todo: incendiar las casas, destruir las cosechas y forzar a las familias a abandonar aquella comunidad habitada por generaciones.

Polo Paiwas, una de las primeras comunidades arrasadas

En octubre de 2015, el terror llegó a la comunidad indígena de Polo Paiwas. Esa localidad se convirtió en otro símbolo del despojo y la violencia. Lo que antes era un caserío aislado, rodeado de ríos y selvas, habitado por unas 30 familias miskitus que subsistían de la agricultura, la caza y la pesca, fue arrasado por un grupo armado de colonos mestizos. Según relatan los sobrevivientes, los invasores llegaron con fusiles AK-47 y otras armas de guerra, incendiaron las casas, mataron animales domésticos y advirtieron que la comunidad ya no les pertenecía. El ataque fue tan sorpresivo como brutal. Los pobladores apenas tuvieron tiempo para huir descalzos, nadando en el río o escondiéndose entre la montaña.

Las fuentes miskitus recuerdan que en los meses previos aparecieron dos hombres extraños que, bajo el pretexto de convivir en las actividades religiosas y comunitarias, estudiaban la vida cotidiana en Polo Paiwas. Nadie sospechó entonces que eran parte de un plan mayor. El 2015 marcó el inicio de una estrategia de despojo sistemático: los colonos armados desplazaron por completo a la comunidad, y lo que al inicio parecía una pesadilla temporal se convirtió en una ocupación prolongada. Los testimonios coinciden en que al menos dos jóvenes fueron interceptados durante la huida; uno fue asesinado y otro sobrevivió tras ser torturado.

Diez años después, Polo Paiwas permanece bajo control de invasores y la mayoría de sus habitantes están dispersos en comunidades vecinas, en Honduras o en Costa Rica. Las familias que intentaron regresar a cultivar sus parcelas se toparon con amenazas de muerte, lo que ha generado hambre y un desplazamiento forzado permanente.

Las cifras detrás del dolor

Aunque los números nunca alcanzan a describir el sufrimiento, son una forma de medir la magnitud del despojo. Solo desde 2020 hasta mediados de 2024, al menos una veintena de ataques graves han quedado registrados en informes del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch (HRW). Mientras que OPIA registra más de 60.

En tanto, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha documentado, a partir de denuncias, 67 «incidentes violentos» en territorios indígenas desde marzo de 2018 hasta marzo de 2024.

El informe  del GHREN, denominado «Violaciones y abusos de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua» especifica que en ese período se identificó un total de 161 víctimas (136 hombres y 25 mujeres, de estas, 19 menores de edad) de delitos como asesinatos, lesiones, violencias sexuales y secuestros. Esta violencia ha provocado suficiente terror como para arrancar a los indígenas de sus tierras con bastante facilidad.

Los incendios se cuentan por decenas. Viviendas humildes hechas de ripios, restos de tablas y láminas viejas fueron reducidas a cenizas en cada episodio, como sucedió en Wilu. Las cosechas de maíz, frijol y yuca, sustento de la dieta tradicional, han sido arrasadas en repetidas ocasiones, condenando a las familias al hambre incluso antes de huir.

Detrás de cada ataque hay familias enteras que se tuvieron que desplazar para no morir. Los testimonios recogidos por organizaciones hablan de cientos de familias que en los últimos cinco años tuvieron que abandonar su hogar. Algunas se han refugiado en comunidades vecinas, otras han buscado resguardo en cabeceras municipales y no pocas han cruzado la frontera hacia Honduras y Costa Rica. Las estimaciones, aunque variables, coinciden en señalar que los desplazamientos afectan a miles de personas indígenas en la última década.

OPIA explica que la población indígena del caribe nicaragüense es vista por el Gobierno nacional como “un problema” para sus pretensiones de extraer a su antojo los valiosos recursos naturales que existen en esas tierras. “Por eso buscan cómo desaparecernos, de distintas maneras”, señala un activista del organismo defensor.

En el Caribe Norte, existen unas 350 comunidades indígenas, entre miskitas, criollas y garífunas. De ellas, unas 270 están afectadas por la violencia, las invasiones territoriales y los desplazamientos forzosos.

Las estimaciones de OPIA indican que unas 10 mil personas originarias de las poblaciones autóctonas se han visto obligadas a escapar de la violencia en los territorios indígenas hacia Costa Rica como principal destino pero también a otros países vecinos o tan lejanos como España y Estados Unidos, en los últimos ocho años, de todas las etnias.

Para este reportaje consultamos a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica para saber si esta dependencia cuenta con algún registro de solicitantes de refugio o asilo de personas indígenas nicaragüenses y la respuesta fue que no, pues solamente registran el origen del solicitante por nacionalidad y no por grupos étnicos.

«La Dirección General de Migración y Extranjería, no cuenta con datos tan desagregados, por lo que, si una persona se presenta como nacional de un país, este es contabilizado dentro de las personas que se presentaron por nacionalidad», respondió vía correo electrónico la DGME de Costa Rica a la consulta realizada.

No obstante, el equipo periodístico que trabajó en este reportaje pudo constatar y en la mayoría de los casos realizar recorridos en tres comunidades de la etnia miskita asentadas en San José y sus alrededores. Identificamos al menos cuatro barrios de alta vulnerabilidad, que en Costa Rica son conocidos como «precarios», donde habitan grandes poblaciones indígenas:  Lomas del Río, en el Distrito de Pavas; ⁠Morocha, en el cantón de Alajuelita; ⁠Huevitos, detrás del Aeropuerto, en Alajuela; y ⁠Los Chiles de San Carlos, próximo a las fronteras con Nicaragua. En estas comunidades indígenas en el exilio habitan alrededor de 3 mil personas que luchan por sobrevivir y preservar su cultura como una muestra de resistencia ante el etnocidio ejecutado por los colonos, al amparo del régimen sandinista.

Desplazados en tierra ajena: Los miskitus en «los precarios» de Costa Rica

El despojo y la violencia que arrasó con las comunidades indígenas en el Caribe de Nicaragua no solo dejó casas convertidas en cenizas y familias diezmadas; también obligó a centenares de miskitus y mayangnas a buscar refugio fuera de sus territorios. Muchos caminaron hasta cruzar la frontera. Algunos se quedaron en Costa Rica y otros miles salieron hacia Honduras, Estados Unidos o España.

Tras un recorrido por los asentamientos con mayor número de indígenas refugiados en Costa Rica, resulta fácil deducir que este país se ha convertido en tierra de tránsito y destino, pero también de nuevas penurias para la población indígena que huyó de sus tierras para capear el infierno de la invasión ejecutada por colonos.

En el cantón de Alajuelita, en San José, se levanta el asentamiento conocido como «Morocha», donde unas cincuenta familias miskitas improvisaron viviendas sobre las laderas de un cerro. Son casas de unos 3×4 metros, levantadas con trozos de zinc, puertas desechadas, pedazos de madera y láminas recicladas compradas en chatarrerías. La costumbre de construir con tambo, heredada de la costa caribeña, se combina aquí con la urgencia de sobrevivir. «Nosotros mismos recogemos lo que podemos y lo armamos», dice Cleny Emiliano Peter, una joven madre que vive en una choza junto a su pareja y su hijo. Nadie paga alquiler. Se asentaron ahí, en una tierra que décadas atrás eran cafetales.

Según supo Cleny, esos terrenos eran de un terrateniente cafetalero tico, pero ya falleció. Dice que hace algunos meses apareció por ahí un hombre que se identificó como hijo del dueño y les dijo que se podían quedar en ese precario, pero que les iba a medir la propiedad y les cobraría renta. «Que le vamos a pagar 2,000 colones (4 dólares) por metro», dice sin saber exactamente cuánto tendría que pagar por el pedazo de tierra donde tiene su casa porque ni siquiera sabe cuánto mide.

La vida en Morocha es precaria hasta lo inimaginable: no hay agua potable ni energía eléctrica formal. La poca luz proviene de conexiones ilegales y apenas deja ver un tenue resplandor, tan débil que con costo ilumina en el interior de las casas.

Para bañarse y lavar, hombres, mujeres y niños bajan hasta una quebrada de aguas turbias que serpentea desde la montaña. Para beber, dependen de la solidaridad de vecinos que les regalan algunos baldes de agua limpia. Escalar el cerro requiere cruzar puentes artesanales de madera y subir graderías improvisadas con llantas viejas rellenas de tierra. Allí, la solidaridad es tan necesaria como el aire: un grupo de jóvenes, pala y picota en mano, se turnaba para emparejar el suelo y construir la casa de un vecino recién llegado, en medio de la pobreza y la esperanza.

El mayor asentamiento de miskitus está en Lomas del Río, en Pavas, donde, según cálculos de la propia comunidad, viven alrededor de mil quinientos indígenas. Aquí, la mayoría renta cuartos por precios que oscilan entre 40 mil y 100 mil colones, es decir, entre 80 y 200 dólares. Sumas desproporcionadas para familias numerosas obligadas a hacinarse en espacios mínimos. Cosa a la que ningún miskito está acostumbrado. Allá en sus tierras invadidas, en Nicaragua, en aquellas donde ya no pueden vivir, tenían suficiente espacio para construir y ser feliz.

Doña Flavia Webb, por ejemplo, comparte un cuarto en las orillas de los rieles del tren con sus dos hijas y cinco niños. Abandonó su tierra en Chiminka, cerca de la reserva Bosawás, en el Alto Wankí, Caribe Norte, tras el asesinato de un familiar y el despojo de su parcela. «Allá nos quitaron todo», relata, «y aquí lo que tenemos es apenas un rincón para dormir. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir así, una casa pegada a la otra».

En Huevitos, en Alajuela, el ambiente es distinto: desconfianza y temor se perciben desde la entrada. Los vecinos te advierten que en vehículo solo se entra por una calle, porque la principal está intransitable por los zanjones que ha socavado la lluvia. 

Por donde se puede entrar, se percibe que los habitantes desconfían de extraños, y no es para menos: la marginalidad se mezcla con la violencia urbana. Fue ahí donde nos recibió Casandra Alvarado, una mujer de 28 años que cuando se presenta dice con orgullo y se lleva la mano al pecho: «soy miskita, pura miskita». En el año 2014 huyó de su natal Puerto Cabezas, en la RACCN, no solo de los colonos, sino también de la violencia machista. 

«En Nicaragua yo tenía un hombre, pero ese hombre me estaba maltratando mucho. Mi papá me dijo que me tenía que ir, que no le tenía que estar aguantando al hombre que me iba a matar y que me viniera para Costa Rica», recuerda cómo decidió escapar de la pareja que la golpeaba. 

Salió por fangales y entró sin documentos por puntos no habilitados en la frontera de Los Chiles. Hoy sobrevive trabajando en una comidería, o Soda, como le dicen los costarricenses. Alquila un cuarto modesto, por el que paga 40 mil colones (unos 80 dólares).

Cuando llegó a este país fue víctima de discriminación. Intentó trabajar en una tienda, pero de entrada su vestimenta y poco dominio del español desató burlas y comentarios hirientes que le aguaron sus esperanzas. «Me sentí humillada, me sentí como que yo no era mujer y lloré mucho. Lloré porque me humillaron», recuerda ahora con dolor.

De la caza, pesca y cultivo a labores urbanas

La historia de los miskitus en Costa Rica también está marcada por la reinvención. Acostumbrados a cultivar, pescar y cazar en sus territorios, aquí aprenden oficios como electricidad, albañilería, empastado de paredes livianas, labores domésticas y de limpieza y agricultura industrial. Salen de madrugada, toman uno o dos buses y trabajan largas jornadas. Enfrentan la xenofobia, la burla por su lengua y la exclusión laboral. Es un mundo completamente distinto. Todo cambió y ellos tienen que sobrevivir ahí.

Los desafíos y la violación de sus derechos también están a la orden del día. Maribel Gutiérrez, tiene ocho meses de embarazo y vive en Morocha desde hace dos años. Contó para este reportaje lo que sufrió en su último trabajo:

«En mi caso soy madre soltera, yo tengo que pagar mi cuarto, tengo que comprar mi comida, más mi panza (embarazo)… Mira, yo trabajaba en albergue, solo en albergue yo trabajaba. Cuando salí embarazada, cuando me compliqué, ahí nomás me corrieron. Sin pago, sin liquidación, sin aguinaldo, sin nada, un sueldo cero. ¿Qué me dijo? Más bien te voy a echar (despedir). Y usted no tiene ni voz ni voto a hablar aquí. ¿Por qué? Solo porque soy miskita, no tenemos derechos», cuenta Maribel mientras sus vecinas que se han reunido en el patio de su casa la oyen y asienten.

Y un desafío todavía mayor, llega cuando cada indígena tiene que presentar un carné costarricense para pedir trabajo, hacer pagos, alquilar el cuarto donde viven o para acceder a seguro médico o servicios esenciales. 

La necesidad de tener ese documento, incluso obligaba a los miskitus a hacer filas hasta por dos o tres noches en las afueras de la Unidad de Refugio, de la Dirección General de Migración y Extranjería.

La institución había activado un beneficio para atender a 20 personas originarias y afrodescendientes, pero según activistas, esa opción se eliminó y la entidad se justificó en razones de seguridad para los usuarios.

En la consulta que este equipo realizó a Migración, también preguntamos sobre el fin de la medida y a través de correo electrónico la entidad contestó que «a partir del día 7 de julio del 2025 todas las personas, independientemente del motivo por el que solicitan refugio en Costa Rica, deben realizar una cita previa para ser atendidos, así lograr mantener el orden en el proceso interno así como la seguridad de las personas extranjeras». 

Para las poblaciones indígenas, este documento no solo representa la posibilidad de permanecer en dicho país de acogida, trabajar de manera legal y, sobre todo, evitar la deportación que los obligaría a volver al territorio del que tuvieron que huir. Es una cuestión de vida o muerte. El Movimiento de Mujeres Indígenas de Nicaragua Mairin Kaikanka denunció recientemente que en 2023, doña Carmelita Julio Peachy, mujer miskitu, murió en Limón porque le negaron atención médica por no portar seguro ni documentos, aun cuando llegó cargada en brazos en estado grave.

Un año después, en agosto de 2024, a otra mujer miskitu en estado de embarazo le negaron la atención en un hospital de San José, obligándola a dar a luz en su casa, en Pavas, con la ayuda de una vecina. Su bebé nació muerto. Ella sobrevivió, señala la misma organización.

Una violencia que busca arrasar las riquezas naturales

Los colonos no actúan al azar. Las incursiones tienen un objetivo: sembrar miedo y desplazar con violencia a las comunidades para apropiarse de sus tierras. Una vez expulsados, surgen plantaciones ilegales, campamentos mineros para la extracción de oro, o pastizales para ganadería ilegal, en tierras que no son para eso, tal como quedó demostrado en el documental Patrullaje, realizado por el cineasta nicaragüense Camilo de Castro, en la Reserva Indio Maíz, en el Caribe Sur.

A esto se suman concesiones otorgadas por autoridades estatales a empresas mineras en territorios comunales, sin consulta previa. El régimen Ortega Murillo ha entregado al menos 21 concesiones mineras a empresas chinas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) hasta junio de 2025, sumando un total de más de 250.000 hectáreas concedidas  a mineras extranjeras, sólo en los últimos dos años. 

El resultado es doble: por un lado, la violencia armada que siembra terror; por el otro, decisiones administrativas que consolidan el despojo. La defensora de los derechos indígenas Tininiska Rivera lo denunció durante una  Audiencia Temática sobre la situación de Pueblos indígenas Miskitu y Mayangnas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua:

«La violencia de la cual hemos sido sujetos los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, especialmente los pueblos Mayagna y Miskitu (…) se ha generado particularmente por el despojo de nuestro territorio como parte de un proceso de colonización que implica, en palabras de las comunidades, un etnocidio, donde colonos nos privan de nuestros alimentos y explotan nuestros recursos naturales usurpando los territorios indígenas por medio de actos de violencia armada y estrategias para romper nuestras formas de vida tradicional y la unidad indígena», dice Rivera.

En la misma sesión, Camila Omar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) insistió en que «los efectos de la magnitud de la violencia son: la inseguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de mujeres y niñas indígenas, alterando profundamente sus prácticas comunitarias».

Los activistas y liderazgos comunales de los territorios indígenas miskitus y mayangnas han enfrentado la invasión no solo poniendo su cuerpo frente a los fusiles de los invasores. También han recorrido sus comunidades, instancias estatales, organismos nacionales e internacionales para denunciar la violencia y los desplazamientos, sin embargo, les ha llovido más amenazas e indiferencia.

«Muchos fuimos amenazados por los mismos invasores o, simplemente, las denuncias no las recibían. Ante la falta de respuesta, las comunidades organizamos manifestaciones y denunciamos en los medios de comunicación locales y nacionales de forma anónima. Hasta el día de hoy, las comunidades seguimos denunciando y registrando los incidentes, pese a que el gobierno impone sus narrativas, no nos callamos», dice en tono desafiante Katy, una joven indígena miskita que por esa violencia tuvo que exiliarse en San José.

El Consejo de Ancianos y Ancianas de la Muskitia ha denunciado en reiteradas ocasiones la violencia y la impunidad ante las invasiones al igual que otras organizaciones y agrupaciones indígenas de los territorios. La CIDH ha otorgado medidas cautelares, la OACNUDH ha emitido llamados urgentes, y ONG como CALPI y Prilaka mantienen un registro sistemático de agresiones. Sin embargo, las denuncias chocan con la impunidad: las investigaciones de las autoridades locales son escasas y la presencia policial casi siempre llega tarde o nunca. Mientras tanto, los colonos permanecen en las tierras ocupadas y los desplazados siguen deambulando en busca de refugio.

El Costo Humano

El desplazamiento no sólo borra casas y parcelas, también liquida los elementos ambientales conservados generacionalmente en los territorios que permiten ejercer y transmitir la cultura, las herencias y los saberes, interrumpe la educación de la niñez indígena y despoja también de todos los medios de subsistencia a las comunidades. Cada indigena desplazado forzosamente tiene que marcharse dejando en sus tierras sus  semillas y su historia, se van sin nada. Cada comunidad desplazada representa también la fractura de un tejido cultural y espiritual que difícilmente puede reconstruirse en los territorios invadidos y en los países de acogida.

Un futuro en disputa

La historia reciente de la Costa Caribe Norte se cuenta en fechas trágicas: el 29 de enero de 2020 en Alal, el 23 de marzo de 2023 en Wilu, el 14 de agosto de 2022 en Musawas, entre otras. Cada fecha marca no sólo un día de violencia, sino el inicio de un desplazamiento que desarraiga a generaciones enteras. La reconstrucción de estas comunidades exige más que promesas: saneamiento territorial, investigación y judicialización para los perpetradores y medidas inmediatas de protección para quienes denuncian o para quienes resisten en medio de la selva, así como reparación ambiental y garantías de retorno seguro para los desplazados que viven en incertidumbre y sueñan con volver a sus parcelas, aunque quieren hacerlo seguros, sabiendo que no irán a exponerse otra vez al fuego y las balas.