Terror sandinista contra la iglesia católica: 1010 agresiones; 16.564 procesiones prohibidas y 302 religiosos desterrados desde 2018

Una nueva entrega del informe titulado «Nicaragua: una Iglesia perseguida», elaborado por la abogada católica Martha Patricia Molina Montenegro, revela una escalada alarmante en la represión contra la Iglesia católica del país. El estudio, que abarca el período de abril de 2018 a julio de 2025, documenta un total de 1.010 ataques y 16.564 procesiones prohibidas.

El recuento de Molina destacó que el informe es una herramienta vital para la memoria histórica y servirá de apoyo para futuras investigaciones y juicios penales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La documentación de esta embestida sandinista contra el clero tipifica agresiones contra la Iglesia en siete categorías principales: ataques a templos, cierres arbitrarios de ONG ligadas a la Iglesia, represión a religiosos, pintas de odio en iglesias y mensajes de odio de funcionarios, robos y profanaciones de artículos sagrados, represión a laicos, confiscaciones de propiedades y bienes, así como expulsión y destierro de sacerdotes y monjas.

Sacerdotes ya no denuncian por miedo

A pesar de que el número de ataques públicos ha disminuido en 2025, el informe advierte que esto no significa el cese de la represión. En cambio, sugiere que se debe a que la dictadura ha cambiado sus tácticas y al miedo de los líderes cristianos a denunciar los abusos.

Otras noticias: Dictadura impone el terror a la Iglesia: encarcelamientos, despojo de nacionalidades, destierro y confiscaciones contra religiosos

«La omisión de denuncias públicas por parte de clérigos y laicos se debe a las amenazas de cárcel, destierro y un incremento de la vigilancia en templos y parroquias», señaló.

El informe subraya que entre las agresiones persistentes durante estos últimos ocho años se mantiene el asedio constante a edificios, el congelamiento de cuentas y el cobro excesivo de impuestos a las parroquias.

La abogada Molina también ha recontado 302 expulsiones, destierros o impedimentos de ingresar al país de sacerdotes, religiosos, monjas y obispos, incluyendo los cuatro altos jerarcas de la iglesia católica: el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez; el obispo de la Diócesis de Matagalapa, monseñor Rolando Álvarez; el obispo de la Diócesis de Siuna, monseñor Isidoro del Carmen Mora; y el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de la Diócesis de Jinotega, monseñor Carlos Herrera.

Molina aclaró que de estos 302 sacerdotes desterrados solo 62 están documentados formalmente porque fueron desterrados por el régimen en operativos de expatriación de prisioneros políticos y fueron enviados a Estados Unidos, El Vaticano o Guatemala, pero la mayoría para totalizar los 302 son nombres que hasta ahora están en anonimato, que solo le han confirmado a ella a través de testimonios directos o fuentes eclesiásticas.

Además, la abogada dividió los 302 líderes católicos expulsados de Nicaragua entre 170, que incluye: sacerdotes (149), nuncio (1), obispos (4), diáconos (3) y seminaristas (13); y 132 religiosas (monjas).

Comunidades sin atención espiritual

Molina resaltó que el exilio forzado de sacerdotes ha provocado un grave déficit en las diócesis de Nicaragua, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más remotas del interior del país, así como a las de la Costa Caribe.

«La falta de clero ha impedido la celebración de misas y la administración de sacramentos esenciales como la confesión, privando a miles de fieles de la atención espiritual».

Indicó que las diócesis de Estelí y Matagalpa son las más afectadas por esta crisis, ya que muchos de sus religiosos se han visto obligados a abandonar el país. Esta situación ha dejado a parroquias enteras sin guía pastoral.

Como una evidencia del alto costo humano y pastoral de la persecución religiosa en Nicaragua, recordó el caso del sacerdote misquito, Rodolfo Napoleón French Naar, quien no pudo retornar a su país por la negativa del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

Informe será entregado al Vaticano en septiembre

La abogada Molina Montenegro adelantó que este compendio de agresiones a la iglesia católica será entregado al papa León XIV en El Vaticano, en septiembre próximo y que además ya  fue remitido a organismos de derechos humanos nacionales internacionales y a obispos que se encuentran en el exilio y en el interior del país.

Molina también se mostró confiada en el reciente encuentro que sostuvieron las autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua con el papa y aseguró que esta reunión sirvió para mostrar de “primera voz” la represión que vive el clero y los fieles en el país.

«Sí sabemos que de alguna manera está llegando la información registrada y persecusión religiosa en Nicaragua», reiteró.