Director de Inteligencia de Costa Rica admite falta de capacidad para proteger a exiliados: «Es imposible brindar seguridad personalizada»
El titular de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), de Costa Rica, Jorge Torres Carrillo, reconoció este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que el organismo no tiene competencia legal para recibir denuncias ni brindar protección directa a personas exiliadas que denuncian amenazas en territorio costarricense.
La admisión se dio en el marco de la investigación legislativa sobre el asesinato del mayor en retiro nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio en el cantón de Moravia, en San José, un hecho que encendió las alarmas sobre la seguridad de miles de opositores del régimen de Daniel Ortega que se han refugiado en el país desde 2018.
Inteligencia con las manos atadas
Torres explicó que la DIS recibe información a través de su departamento de Contrainteligencia, pero no puede abrir procesos ni actuar como instancia receptora de denuncias. Cuando una persona exiliada manifiesta sentirse en riesgo, la institución se limita a trasladar el caso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en cumplimiento de la ley.
«Nosotros no recibimos denuncia en primera instancia. Cuando recibimos información de que podría estar una persona en riesgo, inmediatamente lo que hacemos es ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, en este caso el OIJ», dijo Torres.
El jerarca agregó que, en estos casos, también se recomienda a las víctimas acudir a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos del Poder Judicial, aunque admitió no tener conocimiento de si Samcam recurrió a esa instancia antes de ser asesinado.
«Imposible brindar seguridad personalizada»
Torres reconoció que no existen protocolos específicos para atender amenazas contra refugiados y solicitantes de asilo, pese al crecimiento exponencial de esa población en Costa Rica en los últimos años. Con más de 200 mil solicitantes de refugio y al menos 20 mil personas con estatus reconocido, señaló que resulta «imposible brindar seguridad personalizada» con los recursos limitados de la institución.
La afirmación provocó críticas entre los legisladores, quienes cuestionaron la falta de preparación estatal para garantizar la seguridad de quienes buscan refugio en el país. La diputada independiente Cynthia Córdoba reiteró que impulsa un proyecto de ley para cerrar la DIS, alegando que su existencia carece de justificación operativa.
Niega tener información de operaciones sandinistas en Costa Rica
En la audiencia también se abordó la posibilidad de que exista una red de inteligencia vinculada al régimen de Ortega operando en Costa Rica. Torres negó haber recibido información oficial que confirme esa versión y aseguró que las comunicaciones con sus homólogos en Managua se limitan a temas fronterizos.
«A nivel de institucionalidad, como DIS nunca hemos tenido ningún inconveniente con ellos de ese nivel. Claro, es parte de la labor nuestra estar expectantes de que no haya injerencia extranjera», sostuvo.
Crimen sin resolver y silencio gubernamental
El asesinato de Roberto Samcam, exmilitar y crítico abierto del régimen Ortega-Murillo, permanece bajo investigación judicial. Para sus allegados y abogados de la familia, se trata de un crimen político con alcance transnacional, enmarcado en la creciente persecución contra opositores nicaragüenses dentro y fuera de su país.
La Comisión Legislativa acordó volver a citar a Torres y al jefe del departamento de Contrainteligencia, Edgar Arias, para profundizar en las pesquisas.
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