Corte Suprema de Costa Rica solicita levantar inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por corrupción

En un hecho sin precedentes en la historia política reciente de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles para que enfrente un proceso penal por presuntos delitos de concusión relacionados con un contrato de consultoría financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La solicitud también incluye al ministro de Cultura y exjefe de despacho presidencial, Jorge Rodríguez.

Por un contrato para beneficiar a un asesor presidencial

La petición fue aprobada este martes con el voto favorable de 15 magistrados y 7 en contra, en el marco de una causa que investiga un aparente soborno por 32,000 dólares que habrían sido entregados a Federico “Choreco” Cruz, uno de los asesores más cercanos al mandatario. Según la acusación presentada por la Fiscalía General, Chaves y Rodríguez habrían influenciado para que el BCIE contratara a un consultor en comunicación y productor audiovisual llamado Cristhian Bulgarelli, y que a cambio del «favor» de la contratación, Bulgarelli le diera los 32 mil dólares a Choreco.

Ese contrato en comunicación y el soborno a Federico «Choreco» Cruz, habrían salido de fondos que el BCIE entregó a la presidencia de Costa Rica, como parte de un programa de cooperación regional, y el supuesto soborno se habría cobrado por debajo de la mesa, sin que el asesor del presidente Chaves Robles figurara en el contrato directamente. El Ministerio Público considera que este acto podría configurar el delito de concusión, tipificado en el Código Penal costarricense como la exigencia o cobro indebido de dineros por parte de un funcionario público en provecho propio o de terceros, y cuya pena oscila entre dos y ocho años de prisión.

Un segundo frente: financiamiento electoral paralelo

La situación judicial de Chaves se agrava con la existencia de una segunda investigación penal, abierta por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la que se le señala por presunto financiamiento electoral ilegal durante su campaña presidencial de 2022. De acuerdo con el expediente, cerca de 500,000 dólares habrían sido manejados por estructuras paralelas no reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la empresa Cooperativa de Servicios Múltiples COOPELIBRE R.L., que recaudaba fondos para su propaganda digital y operativos de campaña. Este caso no ha derivado aún en una solicitud de desafuero, pero se encuentra en etapa avanzada de recolección de pruebas y declaraciones.

Parlamento tico los espera con ansias

Tras la resolución de la Corte Suprema, la solicitud será enviada a la Asamblea Legislativa, que deberá decidir si levanta la inmunidad constitucional que protege al presidente y al ministro Jorge Rodríguez. Para que el desafuero sea aprobado, se requiere una mayoría calificada de dos tercios del Congreso, es decir, al menos 38 de los 57 diputados. Legisladores de oposición han expresado que se trata de una prueba crucial de la independencia de poderes y del sistema de frenos y contrapesos costarricense. Sin embargo, sectores oficialistas advierten que se podría tratar de una persecución política contra el presidente, quien mantiene un respaldo ciudadano cercano al 50 % según encuestas recientes.

El presidente Rodrigo Chaves no se ha pronunciado directamente tras la decisión judicial, pero en intervenciones anteriores ha calificado los señalamientos de la Fiscalía como una “guerra sucia” para frenar su gobierno. Por su parte, su jefa de la bancada legislativa oficialista y quien opera como asesora principal del mandatario, Pilar Cisneros, calificó la petición del máximo órgano del Poder Judicial como «ridícula».

Sin precedentes en la democracia costarricense

Es la primera vez en la historia reciente del país que un presidente en ejercicio enfrenta un pedido formal de levantamiento de su inmunidad para ser investigado penalmente. La decisión final está ahora en manos de los diputados, quienes deberán definir si Chaves y su ministro comparecen ante los tribunales como cualquier ciudadano o si, por el contrario, mantienen su fuero hasta el término de su mandato. El debate parlamentario se anticipa intenso y cargado de tensiones políticas en las próximas semanas.

El mandatario Chaves Robles solo cuenta con 8 diputados oficialistas que le han mostrado fidelidad total, pero está por verse si logra negociar con otras bancadas para mantener el fuero, o si por el contrario, los opositores logran juntar los 38 votos que podrían sentarlo en el banquillo, sin la protección constitucional que todavía goza.