El dictador nicaragüense Daniel Ortega ordenó este 23 de junio de 2025 que se mantenga el monitoreo de la accidentalidad vial durante los próximos 15 días, con el fin de evaluar los resultados de la reciente medida que impone un límite máximo de velocidad de 50 kilómetros por hora en todas las carreteras del país y de 40 km/h para motocicletas. La Policía sandinista aplica esta restricción desde el 17 de junio, como parte de lo que el régimen ha presentado como una «estrategia» para reducir muertes por accidentes de tránsito, aunque nadie presentó ningún estudio que justificara la medida.
«Estaremos monitoreando las medidas que hemos venido tomando para evitar tanta muerte. Hay que ir haciendo un conteo. De cuando empezamos a aplicar estas medidas que estamos tomando para evitar muerte, accidentes, en la carretera, en las calles de la ciudad. ¿Cuánto es el promedio que teníamos antes? Digamos, habrá que sacar el promedio a partir de ese fecho. Dejar pasar unos 15 días más y vamos a ver. Porque aquí se trata de salvar vidas. Salvar vidas», expresó Ortega durante un acto oficial en Managua.
Aunque Ortega no explicó qué cambios podrían aplicarse una vez concluya el plazo de monitoreo, dejó entrever que la decisión dependerá del comportamiento de la accidentalidad comparado con semanas previas, antes de la modificación del límite de velocidad. La Policía, por su parte, continúa aplicando multas de 2,500 córdobas (unos 68 dólares) a quienes incumplen la normativa, y ha instalado retenes en varios puntos del país.
Pese a la medida ordenada por la dictadura esta semana se realizó un accidente trágico en el que murieron cuatro militares que viajaban en una camioneta del cuerpo castrense a alta velocidad. Fue un choque registrado el 19 de junio entre una camioneta del Ejército y una rastra que transportaba maquinaria pesada, en la comarca El Palo, carretera a Malacatoya. El accidente dejó cuatro militares fallecidos y al menos cinco heridos, pese a que ocurrió en plena vigencia del nuevo límite de velocidad. El hecho desnudó no solo el fracaso de una disposición, sino que incluso hay militares que no acatan esa disposición.
Cifras de muertes en carreteras
En los últimos años, Nicaragua ha mantenido cifras alarmantes de muertes por accidentes de tránsito. Según datos oficiales, en 2023 se registraron 1,003 personas fallecidas por esta causa, mientras que en 2024 la cifra bajó levemente a 937, una reducción de apenas el siete por ciento. En lo que va de 2025, entre enero y abril, las muertes por accidentes suman 321, frente a 337 en el mismo periodo de 2024, lo que evidencia que, pese a las campañas institucionales, la tendencia de la mortalidad vial se mantiene alta. El promedio mensual ronda los 70 decesos, reflejando que las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado reducir de manera significativa los riesgos en las carreteras.
El régimen ha enfocado buena parte de sus políticas de tránsito en la imposición de multas, lo que ha generado críticas por su carácter recaudatorio y poco efectivo. Entre enero y marzo de 2025, la Policía Nacional recaudó 374 millones de córdobas por infracciones de tránsito y 129 millones más por cursos de reeducación vial. Para el cierre de este año, se proyecta superar los 403 millones, marcando un incremento respecto a 2024. Sin embargo, el volumen de muertes y accidentes no ha descendido en proporción a los ingresos obtenidos por sanciones, lo que para muchos especialistas refleja el fracaso del modelo represivo y punitivo en lugar de preventivo.
Transportistas, conductores y sectores empresariales han señalado que la imposición del límite de velocidad de 50 km/h fue implementada de forma arbitraria, sin estudios técnicos ni análisis previos que justificaran su aplicación a nivel nacional. Además, denuncian que la medida ha provocado retrasos significativos en los tiempos de entrega del transporte de carga centroamericano, afectando la logística comercial del país. La falta de una política de movilidad integral, que incluya educación vial, mejor señalización y condiciones adecuadas en las carreteras, ha sido uno de los principales reclamos de los sectores afectados.
A la par de estas críticas, se siguen registrando accidentes graves bajo la nueva normativa, lo que pone en duda la eficacia real del límite de velocidad. Además del accidente que cobró la vida de los cuatro militares el 19 de junio, otras colisiones han sido reportadas en distintos departamentos del país, con saldo de personas heridas y fallecidas, lo que refuerza los señalamientos de que la medida por sí sola no es suficiente para detener la crisis de seguridad vial que vive Nicaragua.
