Los encapuchados, uno de los brazos de la represión en Nicaragua para ocultar el rostro de los opresores

En Nicaragua, la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza a través del empleo de encapuchados sin rostro, sin identidad, sin rastro. Hombres vestidos de civil, con la cara cubierta, sin uniforme oficial, irrumpen en las casas de los nicaragüenses con total impunidad y, en algunas ocasiones, participan en operativos dirigidos por miembros de la Policía sandinista.

Actuando sin orden judicial ni proceso alguno, estos agentes se han convertido en uno de los principales instrumentos del control autoritario del Estado, denuncia denuncia Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia y una de las 94 personas que fue desnacionalizada por la dictadura el 15 de febrero de 2023.

«En Nicaragua, los encapuchados con pasamontañas que no tienen autorización legal para cubrirse el rostro, irrumpen en hogares, afirmando actuar en nombre de la seguridad nacional, sin importar la nacionalidad de sus víctimas y sin mostrar identificación, credenciales ni órdenes judiciales, arrancan a personas de sus familias, separando padres de hijos y cónyuges entre sí con frialdad burocrática», recapitula el extrabajador del Poder Judicial.

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Morazán remarca que esos encapuchados «operan sin procesos transparentes ni derecho a defensa, trasladando a los secuestrados a centros de detención. Muchos son expulsados del país sin explicación, dejando comunidades desgarradas, sumidas en el temor y la desconfianza, preguntándose ¿quién será el siguiente?».

Los encapuchados actúan como un cuerpo paralelo al aparato de seguridad estatal, sin rendir cuentas ni someterse a los controles legales establecidos por el debido proceso. Aunque en teoría estarían bajo la dirección de la Policía Nacional, si se asume que forman parte de los juramentados como policías voluntarios, entonces su represión también en algunos eventos podría depender del Ejército. Lo que sí queda claro es que estos grupos parapoliciales o paramilitares el régimen los emplea para labores de represión interna y cuando quiere dejar menos huellas de su violencia sin involucrar a sus operadores políticos más reconocidos en sus fuerzas armadas.

Según informes recientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nicaragua vive una
«cancelación sistemática de las libertades civiles» en la que «grupos armados progubernamentales» cometen graves violaciones de derechos humanos. La ONU ha documentado allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, y expulsiones forzadas del país —acciones en las que estos encapuchados suelen ser protagonistas.

El informe de la ONU presentado en 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos destacó que «el gobierno utiliza una combinación de actores estatales y no estatales para sofocar la disidencia», entre ellos, estos grupos de hombres encapuchados que actúan como fuerza de choque del régimen, particularmente durante redadas nocturnas o en operativos contra líderes religiosos, políticos opositores o periodistas independientes.

Con frecuencia, las víctimas de estos operativos son llevadas a centros de detención como la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como El Nuevo Chipote, que ha servido de prisión principal para aislar y someter a torturas a los liderazgos más reconocidos de la oposición y a funcionarios sandinistas considerados por los Ortega-Murillo como «traidores». En algunos casos, varios de los detenidos permanecen por meses bajo desaparición forzada.

Las víctimas de esa represión, en su mayoría, luego son expulsados del país, despojados de su nacionalidad nicaragüense, en una estrategia de exilio forzoso que ha sido denunciada por múltiples organismos internacionales.

La participación de estos encapuchados también ha sido registrada en operativos contra comunidades campesinas e indígenas, donde se han reportado ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados. Estos patrones de violencia han generado una cultura de miedo donde la ciudadanía evita incluso hablar del tema por temor a represalias.

La presencia de estos agentes ilegales, cuya sola figura —pasamontañas, armas largas, vehículos sin placas— infunde pánico, responde a una estrategia de desarticulación de la sociedad civil, de la crítica, de la destrucción del derecho a la asociación y de la imposición del silencio.