Arrestan al abogado Salvador Enrique Anaya, una de las voces más críticas del régimen de Bukele; te contamos lo que se sabe de este caso

El régimen de Nayib Bukele ejecutó este sábado 7 de junio la detención del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, una figura ampliamente reconocida por su defensa del Estado de derecho y su frontal oposición a las reformas autoritarias promovidas desde el oficialismo.

La captura se llevó a cabo en su residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad, por parte de agentes policiales, algunos vestidos de civil. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa formalmente del delito de «lavado de dinero y activos», aunque hasta ahora no ha ofrecido evidencia pública sobre las supuestas operaciones, montos involucrados o pruebas documentales que respalden el caso.

Su trayectoria reconocida es en la defensa del orden constitucional

Salvador Enrique Anaya es doctor en Derecho, profesor universitario y consultor jurídico. Ha sido una de las voces más visibles en el país contra la concentración de poder en manos de Bukele, denunciando públicamente la reelección presidencial, las reformas inconstitucionales y la cooptación de la Corte Suprema de Justicia y del sistema electoral.

También ha sido parte activa del debate jurídico sobre la detención de la abogada Ruth Eleonora López, especialista en anticorrupción de la organización Cristosal, arrestada en mayo bajo cargos similares, y retenida durante semanas. Ruth López fue llevada la semana pasada ante un juez y ahí gritó que exigía un «juicio público» porque «la gente tiene derecho a saber» y porque «el que nada debe, nada teme». Sin embargo, el régimen decidió mantener el proceso completamente a puertas cerradas, bajo un manto de secretismo y sin acceso para la prensa ni observadores independientes.

Sin pruebas y con deterioro de salud

Hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado ningún documento público que sustente la acusación contra Anaya. Su abogado defensor, Jaime Quintanilla, denunció que el jurista presenta un cuadro clínico delicado, que no ha recibido sus medicamentos, y que el proceso judicial ha carecido de transparencia y respeto al debido proceso.

Organismos de derechos humanos y sectores académicos han condenado la detención. La organización Cristosal la calificó como un acto de «criminalización» y lo describió como «una figura clave en la defensa de la institucionalidad democrática». El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, al que Anaya pertenece, anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y consideró el arresto como una acción «arbitraria» y motivada políticamente.

Desde México, el jurista Diego Valadés advirtió que la detención constituye «una represalia contra quienes cuestionan el autoritarismo en El Salvador».

En el ámbito político, la diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, declaró que «el régimen persigue a quien piensa diferente», mientras que el legislador Francisco Lira alertó que «la ley está siendo usada como garrote para intimidar a quienes defienden los principios constitucionales».

La represión con marca Bukele

La detención de Salvador Enrique Anaya se suma a una serie de acciones emprendidas por el régimen de Bukele para consolidar el control sobre todas las instituciones del Estado. Bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, más de 80 mil personas han sido arrestadas, incluyendo defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y ahora abogados críticos del gobierno.

El caso de Anaya confirma que el ejercicio de la abogacía independiente en El Salvador se enfrenta a crecientes riesgos de persecución judicial y represalias por disentir del poder.

Con la captura de Anaya, ya son al menos dos las figuras visibles de la oposición jurídica al oficialismo que han sido encarceladas, en medio de un contexto de creciente persecución a voces críticas. La represión ha alcanzado a periodistas, analistas, líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos, en lo que muchos califican como una estrategia deliberada del bukelismo para silenciar la disidencia y consolidar el poder sin contrapesos.

La Nicaragua 2.0

La detención del abogado Salvador Enrique Anaya en El Salvador resuena con fuerza en Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha hecho del sistema judicial una herramienta sistemática de persecución contra la disidencia. Al igual que en el caso de Ruth López y ahora de Anaya, en Nicaragua se ha encarcelado y desterrado a abogados, periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y líderes sociales bajo acusaciones fabricadas, sin transparencia procesal y con procesos viciados que violan los principios del debido proceso. El régimen nicaragüense no solo ha judicializado a la oposición: también ha expulsado a más de 450 personas a través de desnacionalizaciones, confiscado propiedades y cerrado más de 3 mil ONG, en lo que organismos internacionales han calificado como crímenes de lesa humanidad.

Tanto en El Salvador como en Nicaragua, los aparatos del Estado han sido convertidos en instrumentos de represión política. En ambos países se ha instalado una narrativa oficial que equipara la crítica con la traición, el activismo con el crimen y la defensa de derechos humanos con desestabilización y al periodismo con información falsa para dar un golpe de estado. Esa coincidencia no es casual, sino parte de un modelo de gobierno que reprime, silencia y encarcela a quien se atreva a cuestionar al poder.