OIT pondrá en la mira al régimen de Ortega por abusos contra pueblos indígenas y afrodescendientes

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha incluido a Nicaragua entre los países cuyo incumplimiento del Convenio 169 será evaluado de forma prioritaria durante la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebrará el martes 10 de junio en Ginebra, Suiza. Así lo confirmó la Fundación del Río mediante un comunicado oficial en el que celebra que, por primera vez, las violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el país se coloquen en la agenda de análisis tripartito del máximo foro laboral global.

La inclusión de Nicaragua fue confirmada tras superar dos filtros internos dentro de la Comisión de Aplicación de Normas (CAN), órgano de la OIT que examina los compromisos de los Estados miembros respecto a los convenios internacionales. El presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, explicó que «se logró que el caso del incumplimiento del Convenio 169 pasara la primera selección de los 45 casos preliminares por su gravedad», y que finalmente el caso nicaragüense fue incorporado «entre los 24 casos que serán revisados en el pleno de la Conferencia Internacional del Trabajo».

Ruiz sostuvo que este avance refleja el eco que han logrado los pueblos indígenas y afrodescendientes en la comunidad internacional, luego de múltiples denuncias que han documentado atropellos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. «Ha sido importante avanzar hasta que se conozca a nivel internacional las violaciones del régimen en materia de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes», declaró el ambientalista en conversación con Artículo 66.

Durante la sesión prevista para el martes 10, la Comisión de Aplicación de Normas evaluará el comportamiento del Estado nicaragüense y podrá emitir observaciones y recomendaciones que serán presentadas al pleno de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra.

La Fundación del Río alertó que el régimen ha promovido reformas legales que agravan la situación de los pueblos indígenas. Entre ellas destacan intentos por modificar la Ley de Autonomía de las Regiones del Caribe, la Ley 445 sobre propiedad comunal y diversas normativas ambientales, todo sin cumplir con el requisito de consulta libre, previa e informada establecido por el Convenio 169.

«Esta situación se agrava en el contexto de reformas al marco legal del país, todas impulsadas sin procesos de consulta libre, previa e informada, en contravención de los estándares del Convenio 169», se lee en el comunicado oficial.

Amaru Ruiz detalló que las sesiones podrían transmitirse públicamente y que existe una ventana limitada hasta el viernes 7 de junio para que líderes indígenas, organizaciones o víctimas puedan enviar denuncias y testimonios documentados sobre violaciones al Convenio. Esa información será enviada a las delegaciones que respaldan la revisión del caso nicaragüense para que sea integrada en sus declaraciones orales durante el debate del martes.

«Estamos invitando (…) a que las organizaciones, líderes indígenas, etcétera, que quieran denunciar de manera confidencial la situación de incumplimiento del Convenio 169 lo puedan hacer a través de un correo», señaló Ruiz, quien precisó que ese material será canalizado a través de un grupo coordinado por Fundación del Río, la Coordinadora de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Moskitia Nicaragüense y el Movimiento Autoconvocado Costeño.

Las denuncias pueden enviarse al correo [email protected], y serán incorporadas a un expediente conjunto que busca ampliar el alcance de la evidencia disponible ante la OIT.

El proceso ocurre en un contexto de creciente tensión en las regiones autónomas del Caribe nicaragüense, donde las comunidades enfrentan un deterioro sistemático de sus condiciones de vida. Entre los principales riesgos identificados se encuentra la imposición de concesiones mineras sin consentimiento, la militarización de territorios comunales, y la incursión violenta de colonos armados.

Estos colonos han provocado masacres, desplazamientos forzados y el control ilegal de tierras indígenas, mientras las autoridades estatales no hacen nada o incluso lo han permitido de forma encubierta. Esto no es nuevo, pero cada vez más grave y sostenido, dicen líderes comunitarios.

Además, la situación se torna más difícil porque los comunitarios y defensores no tienen acceso a mecanismos de denuncia efectivos dentro del país, lo que deja un vacío de protección institucional.

La falta de voluntad del Estado para aplicar el Convenio 169 no es solo omisión, también se traduce en una política activa de despojo, denunció Fundación del Río.