Estados Unidos niega asilo a defensora nicaragüense de la CPDH, pese a evidencias de persecución del régimen de Ortega

Una defensora de derechos humanos nicaragüense, integrante del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), recibió una notificación de rechazo por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que desestimó su solicitud de asilo, pese a las pruebas documentadas sobre amenazas, agresiones y actos de hostigamiento sufridos por ella y su familia en Nicaragua. El caso fue trasladado a un juez de inmigración en Orlando, Florida, quien decidirá si la defensora y su núcleo familiar califican para recibir protección bajo el marco legal estadounidense.

La abogada, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, compartió su testimonio con el medio 100% Noticias, al que aseguró que aportó evidencia sólida, incluyendo resoluciones internacionales y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su favor. «Me sorprendió que hayan concluido que no he demostrado persecución pasada ni posibilidad de persecución futura. Presenté todo lo documentado, incluyendo resoluciones del Grupo de Expertos de la ONU que mencionan mi caso», expresó.

El exilio de la jurista comenzó en 2019, luego de enfrentar una ola de intimidación tras representar legalmente a manifestantes arrestados durante la represión de abril de 2018. En su expediente de asilo presentó constancias de ataques paramilitares contra su vehículo, amenazas de secuestro contra sus hijos, vigilancia en su vivienda y una carta firmada por el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en la que confirma que la abogada continúa colaborando con la organización desde el extranjero.

Según relató, en la segunda entrevista que sostuvo con el oficial de asilo asignado a su caso en Tampa, notó desinterés y escasa disposición a valorar la documentación. «Solo me pidió tres fechas de incidentes, a pesar de que sabía que yo había documentado muchos más. Se limitó a escribir en su computadora sin demostrar mayor interés», relató.

La negativa de USCIS no significa el cierre del proceso. El caso fue derivado a un tribunal migratorio, donde podrá presentar nuevamente su testimonio y pruebas. No obstante, manifestó su preocupación ante el endurecimiento del entorno judicial para solicitantes de asilo, señalando que algunos fiscales adoptan posturas hostiles. «Sé que hay fiscales que se muestran hostiles, pero seguiré luchando por demostrar la verdad», dijo la abogada.

A esta situación se suma otro golpe: fue despedida recientemente de su lugar de trabajo, pese a tener vigente una extensión de su permiso laboral emitida por USCIS. «Ese documento lo presenté, ellos lo habían aceptado desde enero, pero de pronto decidieron despedirme», denunció.

La defensora hizo un llamado a la comunidad nicaragüense en el exilio a respaldar los casos como el suyo. «No se puede permitir que las autoridades de asilo ignoren casos como el mío. Lo que hemos vivido no es un invento. Hay documentos, amenazas, resoluciones internacionales, y sin embargo, no se nos escucha», manifestó.

Contó también que el régimen le negó recientemente el ingreso al país a su hija, lo que considera una prueba de que la persecución sigue activa. «La situación en Nicaragua es cada vez más peligrosa para quienes alzamos la voz. Lo mínimo que se esperaría es que el sistema de asilo en EE. UU. reconozca ese peligro», sostuvo.

La abogada fue parte del equipo que brindó asistencia legal a presos políticos, incluyendo al reo de conciencia Eddy Montes, asesinado por custodios en el Sistema Penitenciario La Modelo en 2019. Tras el cierre forzado de la CPDH en 2022, gran parte de su personal se exilió ante el riesgo de represalias.

Estadísticas recientes de organizaciones de acompañamiento migratorio muestran que los procesos de asilo en Estados Unidos enfrentan tasas de rechazo elevadas. Solo en los primeros meses de 2025, más de tres cuartas partes de los solicitantes fueron denegados a nivel nacional, con cifras aún más altas en estados como Florida y Texas, donde la negativa supera el 80 y el 90 %, respectivamente.