La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) conmemora este 20 de abril su 48 aniversario de fundación, en medio de una férrea persecución política, la cancelación de su personería jurídica y obligada a ejercer su labor desde el exilio. La organización, que fue durante décadas un pilar en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, reitera su compromiso con la justicia y la dignidad humana pese a la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Aunque nos encontramos en el exilio desde hace tres años debido a las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro país, la misión de la CPDH sigue viva y más vigente que nunca», expresó la organización en un comunicado enviado a medios de comunicación. La entidad destacó que su labor no se ha detenido y que continúa brindando atención a víctimas desde Costa Rica y Estados Unidos.
En su mensaje, la CPDH agradeció el apoyo de su personal, donantes, periodistas y aliados que han sido parte de su lucha. También recordó que Nicaragua continúa «bajo una sangrienta y despiadada dictadura», pero reafirmó su determinación de seguir siendo «un faro de esperanza para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos».
2022, año de la ilegalización y confiscación
La CPDH fue una de las primeras organizaciones de derechos humanos fundadas en el país, y hasta abril de 2022, operaba legalmente pese a los embates del régimen. Sin embargo, el 18 de abril de ese año, en la antesala del cuarto aniversario de la rebelión cívica de 2018, la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— canceló su personería jurídica junto con otras 24 organizaciones, argumentando un supuesto incumplimiento en la presentación de informes financieros.
La iniciativa fue impulsada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien lidera la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. En el caso específico de la CPDH, sus directivos habían denunciado semanas antes que el Ministerio de Gobernación se negaba a recibir su documentación contable, una práctica que, según advirtieron, era parte de una estrategia estatal para justificar la ilegalización.
«La negativa por parte de la institución del Estado se viene dando desde el 2018», denunció entonces el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona. A juicio de la organización, su cancelación era solo «cuestión de tiempo» ante la política sistemática del régimen de cerrar espacios a la sociedad civil independiente.
Persecución a sus abogados
Como parte de la arremetida que enfrentó la CPDH antes de su desarticulación definitiva en Managua, varios de sus abogados y representantes fueron víctimas directas de la represión estatal. La doctora María Oviedo, abogada de presos políticos en el marco de su labor dentro de la CPDH, fue encarcelada en julio de 2021 tras denunciar violaciones de derechos humanos cometidas por agentes policiales. Posteriormente, fue condenada a ocho años de prisión en un juicio sin garantías procesales, lo que evidenció el ensañamiento del régimen contra los defensores de derechos humanos.
Tras permanecer 588 días en prisión —el equivalente a más de 19 meses—, la doctora Oviedo fue desterrada el 9 de febrero de 2023 como parte del grupo de los 222 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega expulsó hacia Estados Unidos, despojándolos además de su nacionalidad nicaragüense. Su liberación forzada formó parte de una operación de limpieza política que pretendía neutralizar a la disidencia encarcelada, a costa de violar normas internacionales sobre derechos humanos y nacionalidad.
Otros miembros del equipo legal de la CPDH se vieron obligados a huir del país por vías irregulares ante el riesgo inminente de encarcelamiento. El abogado Pablo Cuevas, reconocido por su labor de acompañamiento a víctimas, logró salir hacia Estados Unidos atravesando puntos ciegos. De igual forma, la abogada Carla Sequeira, también integrante del equipo jurídico de la CPDH, se exilió tras cruzar la frontera por el río Bravo, arriesgando su vida en una travesía forzada. Estos casos reflejan el nivel de persecución al que fue sometido el personal de la Comisión en un intento por silenciar su trabajo.
La represión contra ONG
La cancelación de la CPDH fue parte de una escalada represiva más amplia. Desde diciembre de 2018, el régimen de Ortega ha ilegalizado al menos 5,600 organizaciones no gubernamentales nacionales, en una ofensiva orientada a desarticular cualquier expresión autónoma de la sociedad. Las entidades afectadas han incluido colectivos feministas, ambientales, de derechos humanos, gremios profesionales, fundaciones culturales, universidades y hasta ONG médicas y religiosas.
En la misma resolución que anuló la CPDH, también se eliminó la Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), entre otras organizaciones con larga trayectoria y compromiso social. El patrón ha sido el mismo: acusaciones de incumplimientos administrativos, bloqueos institucionales para dificultar el cumplimiento legal y posterior confiscación de bienes.
El marco legal empleado por el régimen ha sido diseñado para criminalizar la labor cívica: leyes como la de Agentes Extranjeros, la Ley de Regulación de Organismos sin Fines de Lucro y reformas al Código Penal han sido usadas como instrumentos de represión y control absoluto.
Lucha «hasta que la verdad y la justicia prevalezcan»
A tres años de su salida forzada del país, la CPDH reafirma que el exilio no ha debilitado su trabajo, sino que ha fortalecido su compromiso. «Seguiremos luchando hasta que la verdad y la justicia prevalezcan», señala la declaración con motivo de su aniversario.
La organización sostiene labores de documentación, acompañamiento a víctimas, articulación con redes internacionales y promoción del derecho a la memoria desde sus oficinas en Costa Rica y Estados Unidos. Su mensaje final resuena como una promesa sostenida: «Hoy, más que nunca, CPDH ratifica su compromiso de seguir siendo un faro de esperanza para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua».
